La ley sin memoria

Sin memoria económica conocida, quiero decir. Hay leyes que nacen con buenas intenciones, pero sin un euro. El pasado martes, conocimos el Anteproyecto de Ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, presentado por el Ministerio de Educación que por ahora tiene pinta de ser una de esas criaturas legislativas que llegan al mundo con discurso solemne, exposición de motivos kilométrica, es decir, con mucho verbo y poco presupuesto.

La propuesta, sobre papel, suena a música celestial, menos horas lectivas, menos alumnado, más atención individualizada, más bienestar docente y, por supuesto, más éxito educativo. Un sueño. Pero ya sabemos que en educación los sueños no se pagan con buenas palabras, sino con presupuestos. Y ahí es donde el texto empieza a parecerse más a un poema que a una ley.

El Anteproyecto, con carácter general, reduce a 22 alumnos la Primaria y 25 la del resto de enseñanzas obligatorias, computando doble el alumnado con necesidades educativas especiales, además de fijar la jornada lectiva en 23 y 18 horas respectivamente, algo que aquí ya teníamos. Hasta ahí, todo sensato y necesario. De hecho, son medidas que los docentes, familias y hasta el sentido común llevamos años reclamando. Pero, como exponía Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra, ya hemos escuchado al titiritero, ahora veamos lo que hace, o en lenguaje llano, «una cosa es decir y otra es hacer», porque una reducción de ratios y de carga lectiva sin financiación es como prometer aire acondicionado en las aulas, sin enchufes.

El anteproyecto de Ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, presentado por el Ministerio de Educación tiene pinta de ser una de esas criaturas legislativas que llegan al mundo con discurso solemne, exposición de motivos kilométrica, es decir, con mucho verbo y poco presupuesto

Según el texto, las comunidades autónomas «proveerán los recursos necesarios». Claro. Y los Reyes Magos traerán aulas, vacantes, docentes de todas las especialidades y orientadores para todos. Pero en la práctica, esa frase es la versión administrativa de “ya si eso lo pagáis ustedes”. Cada comunidad que se apañe, que contrate más profesorado, que amplíe centros y que reparta apoyos, pero con su presupuesto, claro. Sin una memoria económica estatal que garantice financiación, el «marco básico común» corre el riesgo de convertirse en un marco vacío, decorativo, como los cuadros que se cuelgan en los despachos ministeriales.

Además, la ley se aplicará, agárrense, de forma progresiva hasta el curso 2031/2032. Vamos, que muchos docentes llegarán a su jubilación antes de ver la ratio 22 en sus aulas. Si la LOMLOE fue un tren de media distancia, este anteproyecto parece un caracol legislativo.

Reducir la jornada lectiva y las ratios no es solo una cuestión necesaria, tanto para el alumnado, como en consecuencia profesorado, aunque éste necesita de mucho más para poder desarrollar correctamente su trabajo, sino una inversión directa en la calidad educativa. Pero sin financiación real, corremos el riesgo de repetir la historia, una ley que todos aplauden al aprobarse y que luego nadie cumple al aplicarse.

En el fondo, el texto es un ejemplo perfecto de nuestra tradición política, hacer pedagogía sin calculadora. Así que, bienvenida sea la intención de mejorar la docencia, pero sin memoria económica no hay memoria educativa.

Y, por cierto, si de verdad quieren garantizar la equidad, empiecen por equiparar las condiciones y salarios del profesorado en todo el país, no solo sobre el papel. Que ya está bien de leyes que hablan de “equidad e igualdad” mientras cada comunidad juega su propia liga presupuestaria.

Lo dicho, una buena ley con mucho verbo y sin presupuesto, o al menos desconocido, por ahora.

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