¿Y qué tienen que ver los jueces con la justicia?

Vivimos seguramente en uno de los países más legalistas del mundo, sin que eso signifique que sea el más justo (y ni siquiera el más seguro desde un punto de vista jurídico). No se sabe bien por qué, hemos creído que a más leyes más justicia, cuando una cosa nada tiene que ver con la otra: cantidad no implica calidad, aunque sí ineficacia, pues cuantas más leyes más difícil es aplicarlas, respetarlas o juzgar su incumplimiento.

Para corroborar esto basta asomarse a casi cualquier ámbito laboral, empresarial, educativo, político o cultural: la suma inextricable de decretos, órdenes, instrucciones y procedimientos normativos que reglamenta casi cualquier cosa que hagamos es de tal magnitud que, si quisiéramos respetar escrupulosamente la ley, tendríamos que dedicar años a desentrañar la maraña regulativa (multiplicada por el número de administraciones concurrentes) y, después, medir al milímetro cada paso que damos para no incurrir en falta; cosas ambas que, obvia y razonablemente, nadie – salvo los que dispongan de un abogado en nómina – puede hacer.

Cuando las personas corrientes no cumplimos con los incontables y enrevesados requisitos legales y quienes vigilan o inspeccionan lo hacen solo por encima, y los que juzgan lo hacen cuando pueden, la arbitrariedad y la inseguridad jurídica campan a sus anchas, el cumplimiento estricto de la ley solo se exige como castigo para el que se sale del plato, y los juicios solo se celebran en hora cuando parece haber una motivación política de fondo

Y ojo que si la descomunal cantidad de leyes con que confiamos resolverlo quijotescamente todo no dice nada acerca de la justicia, su ineficacia práctica sí. Cuando las personas corrientes (que somos más bien como Sancho Panza) no cumplimos con los incontables y enrevesados requisitos legales – porque es prácticamente imposible –, o lo hacemos solo superficialmente (para cubrir el expediente), y quienes vigilan o inspeccionan lo hacen solo por encima – porque saben lo que hay –, y los que juzgan lo hacen cuando pueden – es decir: a destiempo –, la arbitrariedad y la inseguridad jurídica campan a sus anchas, el cumplimiento estricto de la ley solo se exige como castigo para el que se sale del plato, y los juicios solo se celebran en hora cuando parece haber una motivación política de fondo.

Porque es tanta nuestra afición a las leyes, que incluso los problemas políticos se quieren resolver en los tribunales, como si los jueces fueran sabios maestros de la justicia y pudiéramos solventar las disputas ideológicas a golpe de sentencia. Pero los jueces son lo que son – simples expertos en la aplicación de la ley –, y la casuística normativa no nos libra (tan solo nos distrae) de dialogar políticamente acerca de lo que es o no justo. Diría, para variar, que la forma más efectiva de regular la convivencia no es la sobrerregulación legal, sino la mejora de la educación cívica y política; pero siendo hoy la educación pasto, como todo lo demás, de la hiperactividad normativa, pues… casi que mejor me callo.

Suscríbete para seguir leyendo