El espejismo de la productividad y el coste de la función pública

En los últimos años, distintos informes vienen señalando que España afronta un «problema de productividad» en sus administraciones públicas. Los sindicatos, sin embargo, rechazan esa acusación y defienden mejoras salariales homogéneas. El resultado es que tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas han anunciado incrementos salariales sin distinción entre quienes producen (formación permanente, labor eficiente, atención al ciudadano con agilidad en la tramitación documental) y quienes sólo se benefician de los privilegios asociados a la actividad en la función pública, sabiendo que el empleo es de por vida y en mejores condiciones salariales (por término medio entre un 30 y un 35% más elevado que en el sector privado).

La paradoja es palmaria: si la proporción de empleados públicos fuese un indicador directo de desarrollo, Extremadura debería figurar entre las regiones más avanzadas de España. Aparece en la penúltima posición en el ranking de productividad y competitividad. De tal modo que, según la Encuesta de Población Activa (EPA, 2024), el empleo público representa en esta región al 27% (más de 1 de cada 4) del total de ocupados, el porcentaje más alto del país. Ahora bien, si consideramos el impacto indirecto sobre el empleo, aunque no sea directamente muy productivo, se llega a una media en torno al 35% (en ciudades como Cáceres o Mérida, se supera el 40%). Es un empleo relacionado con la contratación de servicios externos (limpieza, seguridad, mantenimiento, consultoría y gestión), la obra pública asociada y el consumo inducido por los funcionarios en comercio, hostelería y residencia.

No obstante, eso se plasma en una gran debilidad económica de carácter estructural, de tal modo que la enorme dependencia de Extremadura del sector público se evidencia en que su PIB per cápita se sitúa en 25.227 euros, el 77% de la media nacional (32.633 euros, según el INE, 2024). El contraste con otras comunidades es meridianamente claro: Madrid, con un 14% de empleo público, alcanza un PIB per cápita de 44.755 euros; el País Vasco, con un 15%, llega a los 41.016 euros. Castilla y León, con un 18% de empleo público, mantiene un PIB intermedio, muy por encima del extremeño. En definitiva, los datos revelan que no existe correlación positiva entre altísima proporción de trabajadores públicos y mayor desarrollo económico. Al contrario, las regiones con más peso de la Administración tienden a situarse en la parte baja de la tabla en términos de riqueza relativa, dado que se sostienen artificialmente con gasto, en lugar de con un tejido productivo autónomo.

Este hecho obliga a replantear el debate sobre la productividad en la función pública. No se trata de cuestionar la necesidad de servicios públicos sólidos (educación, sanidad, justicia, seguridad), que son pilares de cualquier sociedad avanzada, sino de evitar que la gestión se convierta en un laberinto de papeles, que esquilma y agota al ciudadano. La función pública debería ser un instrumento de servicio y competitividad y no un corsé inflexible que estrangula la iniciativa y el rendimiento.

La homogeneidad salarial indiscriminada, sin mecanismos de evaluación del desempeño, refuerza la inercia. En la práctica, se premia la antigüedad y la estabilidad, mientras se desincentiva la innovación y la eficiencia

La homogeneidad salarial indiscriminada, sin mecanismos de evaluación del desempeño, refuerza la inercia. En la práctica, se premia la antigüedad y la estabilidad, mientras se desincentiva la innovación y la eficiencia. Consecuentemente, obtenemos una administración que consume recursos crecientes de forma insaciable sin mejora proporcional en la calidad de los servicios. En este sentido, conste que la crítica no es contra los funcionarios (sería arbitrario hacer que pagasen justos por pecadores), sino contra un sistema que no distingue entre quienes cumplen con rigor y vocación y quienes se limitan a reproducir prerrogativas.

La comparación internacional ofrece rastros para mitigar este lastre. Así, en países como Alemania o los Países Bajos, los sistemas de evaluación periódica (también se hace en las universidades españolas) y movilidad interna han demostrado que es posible combinar estabilidad con exigencia. Allí, la función pública se concibe como un espacio de servicio dinámico, donde la carrera profesional depende también de logros y competencias, no solo de la antigüedad. España, en cambio, mantiene un modelo rígido, con escasa movilidad y con incentivos que no siempre están alineados con la productividad. La solución pasa por introducir reformas que vinculen salarios y estabilidad laboral a la productividad, abriendo la puerta a sistemas de selección más meritocráticos que incorporen a profesionales más cualificados y con vocación de servicio.

Extremadura, como paradigma del gigantismo burocrático, con su elevada proporción de empleo público, debería ser el laboratorio ideal para ensayar estas reformas. Si se lograra transformar la administración en una palanca de competitividad, la región podría convertir su aparente debilidad en una ventaja estratégica.

Hago estas reflexiones como funcionario del Estado, a mucha honra y considerándome un privilegiado. Precisamente por eso creo que debemos exigirnos más. La Administración pública no puede ser un espacio blindado frente a la realidad económica, sino un referente de confianza y eficiencia. Reconocer las ventajas y prebendas es el primer paso para reformarla, aceptando que la productividad debería importar mucho en el sector público, puesto que lo paga la sociedad y es el único modo de garantizar que los recursos de todos se traduzcan en bienestar colectivo.

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