Sin financiación local no hay igualdad territorial

Se puede discutir durante meses sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Se pueden cruzar cifras, porcentajes y fondos. Se puede incluso pelear por quién gana más o quién pierde menos. Pero mientras sigamos evitando una verdad incómoda, todo ese debate será incompleto: sin financiación suficiente de los ayuntamientos no existe ni justicia territorial ni igualdad real entre ciudadanos.

España no es solo un mapa de comunidades autónomas. España es, sobre todo, un país de municipios. Más del 60 % de nuestros pueblos tiene menos de mil habitantes. En ellos viven millones de personas que pagan los mismos impuestos, tienen los mismos derechos constitucionales y esperan los mismos servicios que quien vive en una gran ciudad. Sin embargo, su ayuntamiento dispone de una fracción mínima de los recursos.

La Constitución es clara. Los artículos 137, 140 y 142 reconocen la autonomía local y garantizan la suficiencia financiera de los municipios. No como una concesión política, sino como una condición democrática básica. La Carta Europea de Autonomía Local añade algo todavía más contundente: las entidades locales deben disponer de recursos propios suficientes y proporcionales a las competencias que ejercen.

Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. Hoy, la mayor parte de los ayuntamientos pequeños —los de menos de 5.000 habitantes— sostienen servicios esenciales con una combinación frágil de transferencias condicionadas, subvenciones finalistas y parches presupuestarios. La limpieza viaria, el mantenimiento de caminos, los consultorios, los servicios sociales básicos o la atención a mayores dependen más de convocatorias anuales que de derechos garantizados. No hay autonomía cuando cada factura depende de una subvención.

Queda claro que dar clase en una escuela rural cuesta más que hacerlo en una gran ciudad. Mantener un consultorio médico en una comarca despoblada cuesta más. Prestar ayuda a domicilio en pueblos dispersos cuesta más. Si el sistema no reconoce ese sobrecoste, lo que hace en realidad es convertir el código postal en un factor de desigualdad

Lo tengo claro: el sistema actual de competencias y financiación está diseñado para las ciudades y penaliza estructuralmente al mundo rural, porque liga recursos a población sin reconocer adecuadamente los costes fijos, la dispersión o la falta de economías de escala. No estamos ante un debate técnico: es una cuestión de igualdad democrática.

Pero, las ciudades y municipios intermedios, son determinantes para nuestra competitividad. Porque entre la gran capital y el pequeño pueblo se juega buena parte del futuro del país: son estas ciudades medianas y cabeceras de comarca las que fijan población, concentran servicios, atraen empleo y vertebran el territorio. Si no están bien financiadas, tampoco lo estará el mundo rural que depende de ellas.

Queda claro que dar clase en una escuela rural cuesta más que hacerlo en una gran ciudad. Mantener un consultorio médico en una comarca despoblada cuesta más. Prestar ayuda a domicilio en pueblos dispersos cuesta más. Si el sistema no reconoce ese sobrecoste, lo que hace en realidad es convertir el código postal en un factor de desigualdad.

Y, en medio de todo este debate, existe una incoherencia política que no se puede esconder. Extremadura ha perdido cualquier capacidad de autoridad moral para reclamar solidaridad interterritorial desde que el gobierno de María Guardiola decidió perdonar impuestos a 1.200 grandes patrimonios y más de 40 millones a las eléctricas. Con esto, el PP se autoexcluyó de cualquier debate serio entorno a la financiación. Desde ese momento, cualquier reivindicación del PP extremeño sobre financiación es puro teatro. Si el PP no cree en la justicia fiscal dentro de su propia comunidad, tampoco puede reclamarla hacia fuera, claro, sin hacer el ridículo.

Extremadura siempre ha defendido la igualdad territorial cuando lo ha hecho desde la seriedad y la coherencia. A Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a Guillermo Fernández Vara no les habrían colado gato por liebre en materia de financiación. Sabían que no bastaba con cambiar fórmulas si no se cambiaba la capacidad real de prestar servicios. Sabían que la igualdad no se mide en discursos, sino en escuelas abiertas, centros de salud funcionando y pueblos vivos.

El nuevo modelo de financiación autonómica introduce variables como despoblación, superficie, dispersión y costes fijos en la llamada ‘población ajustada’. Extremadura debe aspirar a más, no conformarse con migajas técnicas presentadas como grandes concesiones. Debemos ser las y los dueños de nuestro futuro y, para conseguirlo, exigimos más financiación porque la mayor parte de los servicios que sostienen la vida cotidiana no los presta la Junta ni el Estado. Los presta tu ayuntamiento.

El nuevo modelo de financiación autonómica introduce variables como despoblación, superficie, dispersión y costes fijos en la llamada ‘población ajustada’. Extremadura debe aspirar a más, no conformarse con migajas técnicas presentadas como grandes concesiones. Debemos ser las y los dueños de nuestro futuro y, para conseguirlo, exigimos más financiación porque la mayor parte de los servicios que sostienen la vida cotidiana no los presta la Junta ni el Estado. Los presta tu ayuntamiento.

Si los municipios siguen infrafinanciados, todo el edificio de la igualdad territorial se derrumba. Da igual que la comunidad autónoma reciba más recursos si el último eslabón de la cadena —el que atiende directamente a la gente— sigue asfixiado. Por eso, la gran reforma pendiente de España es local.

Necesitamos un sistema estable de financiación municipal que garantice recursos suficientes y no condicionados, que reconozca de verdad los costes de la ruralidad, que permita planificar y no sobrevivir a golpe de subvención, y un Estatuto del Pequeño Municipio que blinde, por ley, competencias, organización y financiación para los pueblos.

Mientras una niña de un pueblo tenga menos oportunidades educativas que un niño de una capital, mientras una persona mayor del medio rural reciba peor atención que una de una gran ciudad, mientras un alcalde tenga que mendigar fondos para arreglar una calle o abrir un consultorio, no podremos hablar de igualdad territorial.