Extremadura, el mejor ejemplo para explicar el verdadero sentido de la financiación autonómica

Existen razones más que suficientes para el rechazo generalizado entre las fuerzas políticas y sociales de Extremadura hacia la propuesta inicial del nuevo modelo de financiación autonómica. Las críticas se suceden, también dentro del PSOE extremeño. No se trata de un bloqueo político atribuible a estrategias partidistas, aunque las once autonomías gobernadas por el PP hayan votado en contra. Castilla La Mancha y Asturias, con gobiernos socialistas, se han opuesto con la misma rotundidad. Aunque la ministra Montero insista en que no hay privilegios hacia Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene motivos para reflexionar. Soluciones intermedias como las propuestas en el Consejo de Política Fiscal de este pasado jueves, la voluntariedad de acogerse al modelo, no sirven, y no únicamente porque esa posibilidad existiera ya con anterioridad. De hecho, entre 1997 y 2001, no se aplicó el mismo marco normativo a todas las comunidades: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se mantuvieron en el anterior, según un documento del Banco de España. Quedarse en el modelo viejo mientras las demás comunidades acaban aceptando las nuevas condiciones no reportaría ventaja alguna para enfrentarse a los problemas de fondo a los que alude la Junta de Extremadura cuando habla de desequilibrios no corregidos.

Más allá del ranking

Aunque, en términos absolutos, los diferentes informes sitúen a Extremadura a la cabeza del ranking, como una de las más beneficiadas en el reparto autonómico, un análisis real ofrece una lectura bien distinta. La región extremeña no es un ejemplo de privilegio territorial. Es el territorio donde la financiación autonómica muestra con más claridad su verdadera finalidad, la recogida por la Constitución: convertir la solidaridad en igualdad efectiva cuando, como es el caso, recaudar es difícil y prestar servicios resulta objetivamente más caro. Porque una cosa es el resultado contable de la fórmula aplicada (euros por habitante, ajustado), y otra la realidad material de lo que cuesta garantizar servicios básicos en un territorio cuyos rasgos estructurales son envejecimiento, despoblación y dispersión geográfica. La sanidad, la educación o la dependencia resultan más caras de sostener que en otras comunidades, infra financiadas sobre el papel, pero con una mayor posibilidad de recaudación por su situación económica y con servicios concentrados en torno a grandes grupos de población.

Igualdad y compensación

La financiación autonómica no puede considerarse un premio, es un mecanismo de compensación para aquellas zonas que quedaron al margen de los ejes de desarrollo y de las que se produjo un éxodo masivo de mano de obra. La igualdad de derechos no puede depender de la densidad de población ni de la potencia fiscal de cada región. Si el sistema se limitara a devolver a cada autonomía exclusivamente lo que recauda, regiones como Extremadura tendrían que elegir entre peores servicios, convirtiendo a la población en ciudadanos de segunda clase, o cargar impuestos más altos sobre bases imponibles reducidas, castigando a quien parte ya en desventaja (los extremeños tienen las rentas más bajas de España).

Costes estructurales

Cualquier sistema que pretenda asegurar derechos básicos debe financiar una red mínima (sanidad, educación, servicios sociales) que no se puede reducir solo proporcionalmente al número de habitantes, porque el territorio hay que cubrirlo igualmente. Ese factor de coste fijo es decisivo en regiones extensas y poco densas, es decir, en territorios como el extremeño. Y son costes al alza a los que los gobiernos autonómicos tienen que hacer frente de forma obligatoria: desde las nóminas de los empleados públicos al mantenimiento de centros de salud, por remota que sea el área sanitaria que atienda; el transporte sanitario; las rutas escolares y la atención social. Servicios de calidad para todos y cada uno de sus habitantes, ya residan en los principales núcleos de población o en la más desolada alquería de las Hurdes.

Principio democrático

La arquitectura con la que se diseñó el Estado de las Autonomías tenía como fin que la descentralización no convirtiera la desigualdad económica en desigualdad de la ciudadanía, porque la financiación autonómica no es un ranking de ganadores, sino un conjunto de medidas para equilibrar las diferencias de recursos y renta. Sin mecanismos que garanticen los derechos básicos para todos los ciudadanos, en todos los territorios, cualquier sistema supondría la quiebra del más elemental principio democrático.