Opinión | La fórmula compartida
Extremadura merece respeto

Guardiola y el diputado de Vox, Angel Pelayo, emiten su voto en la constitución de la Asamblea / Jero Morales
El pasado martes comenzó la XII Legislatura en la Asamblea de Extremadura, resultante de las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre. Un momento que debería haber servido para transmitir estabilidad y respeto institucional, pero que llega marcado por la incertidumbre y por una sensación ya demasiado conocida, la de que el futuro de Extremadura vuelve a decidirse lejos de aquí.
Dieciocho diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista tomaron posesión de sus escaños. Dieciocho representantes que asumen su responsabilidad con compromiso, rigor y una clara vocación de servicio público, y con la tarea de ejercer una oposición firme y útil, exigente con el gobierno que se conforme y decidida a actuar como un verdadero muro de contención frente a cualquier intento de recorte de derechos y libertades. La presencia de nuestro compañero Eduardo Béjar en la Mesa de la Asamblea refuerza ese compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las reglas democráticas.
Frente a esta actitud responsable, asistimos a un nuevo episodio del ya conocido serial entre el Partido Popular y Vox, una negociación marcada por los mensajes cruzados y contradictorios y por una preocupante opacidad. Pese a los desencuentros públicos, no albergamos dudas de que habrá gobierno en Extremadura y de que será un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Y lo preocupante no es solo el resultado, sino la forma en la que se está produciendo. Por ello, los socialistas reclamamos transparencia en este acuerdo, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué se negocia, cómo se negocia y en nombre de quién.
Pese a los desencuentros públicos, no albergamos dudas de que habrá gobierno en Extremadura y de que será un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Y lo preocupante no es solo el resultado, sino la forma en la que se está produciendo
La demora en la formación del gobierno no es casual. Extremadura espera a que pasen las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón y espera también a que Madrid decida. Porque cuando gobierna la derecha, las decisiones no se toman aquí, sino lejos de nuestra tierra y de nuestra realidad, en función de los intereses partidistas de Abascal y Feijóo. Esta subordinación supone una pérdida de autonomía política y una falta de respeto a las instituciones extremeñas y a quienes las integran.
A este escenario se suma la ligereza con la que algunos se refieren a los órganos democráticos. Que el candidato de Vox califique una secretaría de la Mesa de la Asamblea como “migajas” no es una anécdota ni una metáfora desafortunada, sino una falta de respeto al Parlamento y, por extensión, al conjunto de la ciudadanía extremeña. No son migajas. Son responsabilidades institucionales, espacios de representación y símbolos del pluralismo democrático. Quien desprecia las instituciones demuestra un escaso compromiso con ellas.
El Partido Popular ha preferido compartir la Mesa de la Asamblea con Vox antes que con el Partido Socialista. Es una decisión política clara y coherente con sus alianzas. Lo que no resulta aceptable es negar acuerdos que después se evidencian en los hechos ni vaciar de contenido las instituciones mientras se negocia en la sombra.
La XII Legislatura ya ha comenzado y la pregunta vuelve inevitablemente al punto de partida. ¿Dónde se decide el futuro de Extremadura?
Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos claro. Se decide aquí, en nuestra tierra, con transparencia, respeto y responsabilidad. Porque Extremadura no es una nota al pie. Es una comunidad con voz propia, con instituciones que merecen respeto y con una democracia que no puede ni debe subordinarse a intereses ajenos.
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