De responsabilidad y normalidad

Es (casi) imposible ser, a los veinte, plenamente consciente de la fragilidad de la vida. A esas edades encaja más personificar, aunque sea a ráfagas, un sentido trágico de la vida. Solo cuando se doblan las cifras uno va cambiando esa ‘pose’ por una experiencia adquirida que se suele mostrar poco generosa con las negligencias. En las puertas del quinto estadio, cuando la ‘máquina’ comienza a fallar y el retrovisor muestra lejos el inicio de la carretera, se muestra mayor sensibilidad frente a tragedias como las del pasado domingo en Córdoba.

Exactamente por eso, por el conocimiento y el bagaje, debiéramos apelar primero a la mesura en la reacción y privilegiar el verdadero análisis de causas y dificultades del terrible accidente. No es excluyente, claro, con la rabia y la exigencia. Pero no por dejarnos llevar por la complicada mezcla de ambas. Las explicaciones, causas y futuras soluciones deben venir de expertos y técnicos, por mucho que la experiencia nos insinúe que no siempre se puede confiar en que no haya injerencias, por usar un término delicado, políticas.

Eso no quiere decir que no haya responsabilidades. Las hay y desde los departamentos correspondientes deben producirse dimisiones, sin ninguna duda. No podemos seguir comprando que resistir en un cargo, contra viento y marea, sea por interés personal o por estrategia partidista (o una nociva combinación de ambas), suponga un mérito; o, peor, una muestra de carácter personal.

No se trata de incendiar en cada ocasión o pasar factura por cuitas pasadas. En esta catástrofe (como antes en Valencia) los titulares de cada administración responsable directamente deben cesar en su función. Por responsabilidad. Es un fallo letal, indignante. Pero no podemos señalarlos o llamarlos gratuitamente «asesinos»

Por la naturaleza de los cargos, el máximo responsable de la cadena, especialmente cuando se da una reiteración en el error, debe asumir sus responsabilidades. Por dignidad personal y por la propia defensa de la institución sobre la persona, verdadera esencia de un estado de derecho. Y, sobre todo, porque entra dentro de una normalidad que vamos arrinconando en la peligrosa pendiente de la polarización.

Porque no se trata de incendiar en cada ocasión o pasar factura por cuitas pasadas. En esta catástrofe (como antes en Valencia) los titulares de cada administración responsable directamente deben cesar en su función. Por responsabilidad. Es un fallo letal, indignante. Pero no podemos señalarlos o llamarlos gratuitamente «asesinos».

Lo que falla no es únicamente una sola persona. Son fracasos en la coordinación entre administraciones. En la diligencia en la actuación administrativa de inspección y mantenimiento de inversiones e infraestructuras. De una adecuación del uso de los recursos vía presupuestos, en los que comprobamos el peligro de negociarlos solo con perspectiva política.

Esos son los aspectos que debemos reclamar con contundencia como ciudadanos, porque si no quiebra el acuerdo tácito del funcionamiento del estado y entramos en una crisis profunda de confianza.

Y la reclamación debe hacerse con independencia del color de quien ostenta el sillón. Si como ciudadanos estamos cansados de la politización, lo que debemos demandarnos es no politizarlo todo.

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