Fiscalizar la solidaridad familiar: un síntoma del colapso social

En España hemos normalizado una inquietante paradoja: se persigue y penaliza fiscalmente al último eslabón que mantiene cohesionada a la sociedad, la familia. En un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio y no en un derecho efectivo, el apoyo de los vínculos naturales ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estructural. Que el Estado se plantee gravar ese auxilio revela no solamente un problema impositivo, sino una quiebra profunda del contrato social entre generaciones. Lo que no deja de ser una aberración política que evidencia toda su crudeza hacia los más vulnerables: los jóvenes.

Según aparece en algunos medios, la Agencia Tributaria podría exigir impuestos a quienes residan gratuitamente en inmuebles propiedad de sus padres. Esta posibilidad no constituye un mero ajuste técnico del sistema fiscal, sino una nueva presión sobre los sectores más frágiles. La tributación de la cesión de alojamiento a hijos supone una intervención directa sobre el único mecanismo de protección real del que dispone la juventud: el respaldo familiar que actúa a modo de malla de salvación. En un contexto en el que el Estado ha renunciado de facto a garantizar el acceso a un hogar digno, la familia se convierte en la última dársena frente a un sector inmobiliario que, por hiperregulación (caso del arrendamiento), se halla inseguro y no actúa con libertad para proporcionar más alternativas a las necesidades de cada momento. Fiscalizar ese socorro equivale a desactivar el último recurso de supervivencia social.

La situación de la juventud en España es, objetivamente, un escenario de disyuntivas reducidas. El acceso a la vivienda en propiedad se ha transformado en una quimera: precios inflados, exigencias bancarias inalcanzables y salarios insuficientes hacen imposible acumular el ahorro necesario para una entrada. Cuando la totalidad del ingreso se destina a cubrir gastos básicos, no existe margen alguno para la capitalización personal. El alquiler, lejos de ser una alternativa transitoria, se ha convertido en una trampa sin escapatoria. En las grandes áreas urbanas, muchos jóvenes se ven forzados a compartir alojamiento en condiciones de hacinamiento o a subarrendar habitaciones que absorben más de la mitad de su salario. Arrendar ya no posibilita la creación de un hogar.

Hacer una comparación intergeneracional resulta reveladora. Los padres de la actual generación joven, nacidos en la década de los 60 y 70, accedieron mayoritariamente a la vivienda con salarios que, en términos reales, ofrecían un poder adquisitivo muy superior. En contraste, los nuevos —a pesar de su mayor cualificación— se enfrentan a trayectorias laborales marcadas por la inestabilidad y la precariedad prolongada. Donde antes el esfuerzo conducía razonablemente a la propiedad, ya no alcanza para sostener una vida independiente. Es más, el porcentaje de salario que antes se empleaba en alquiler completo de un piso ahora parcamente cubre el precio de una habitación, que en algunas grandes ciudades son “residencias pateras”.

El voraz afán recaudatorio y el encarecimiento general del coste de la vida han erosionado cualquier posibilidad de ahorro. Se inicia la vida adulta con expectativas extenuadas y en un mercado que absorbe cualquier margen de maniobra. Esta dinámica dibuja un país profundamente desigual: jóvenes en edad productiva y reproductiva perciben ingresos reales inferiores a las pensiones medias, mientras el sistema blinda el poder adquisitivo de generaciones ya patrimonializadas. Se produce así una transferencia inversa de recursos, donde quienes deberían sostener el futuro son los más penalizados, incluso cuando sus familias intentan amortiguar esa fragilidad, que alcanza también lo emocional.

Los datos históricos refuerzan este angustiante diagnóstico. A principios de los años noventa, según el INE, un 84 % de las personas de 35 años disponía de vivienda en propiedad. Hoy, la situación se ha invertido: en torno al 80 % de los jóvenes no puede acceder a la compra de un piso, indica el Banco de España. Lo que antes constituía un paso natural hacia la vida adulta se ha transformado en una barrera estructural que expulsa a toda una generación del proyecto vital autónomo.

En este contexto, la confiscación de la solidaridad familiar, ya sea mediante la imputación de rentas o la presunción de donaciones encubiertas, quiebra uno de los últimos pilares de la coalescencia social. Si los jóvenes no pueden formar un hogar, no pueden ahorrar y además se carga un gravamen más a su única red de apoyo, el futuro colectivo se convierte en una pesadilla. La paradoja recuerda al célebre lamento de Segismundo en La vida es sueño: “¿Y yo, con más espíritu, tengo menos libertad?”.

La juventud española encarna esa contradicción: altamente formada, con más capacidades que nunca, pero sometida a una restricción material de libertad que la mayoría de sus padres no conocieron, expresada en la imposibilidad de acceder a un techo propio. Ningún país puede sostenerse sobre adultos jóvenes dependientes, proyectos vitales aplazados y una natalidad en mínimos históricos. No es volatilidad generacional: es una sustracción sistemática de su destino.

La solidaridad familiar no debería constituir un hecho imponible, dado que es el mecanismo que evita el colapso de un modelo que ha dejado de ofrecer horizontes reales a quienes deberían protagonizar el futuro de todos.

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