No es tiempo para redes

Parafraseando el título de aquel famoso filme, no es país para viejos, hay edades que tampoco lo son para la inmensa mayoría de las redes sociales. Incluso, según qué edades, no lo son para ninguna de ellas. Australia fue la pionera, prohibió el acceso a redes sociales, que no a contenidos digitales, a menores de dieciséis años. Después le siguió Francia, fijando el límite en los quince. Portugal debate entre los trece y el permiso parental hasta los quince. Y ahora España, o al menos eso ha anunciado, aunque con un ligero matiz, no limita sólo la edad al acceso, va acompañado.

El debate de fondo es mucho más profundo, si una sociedad está dispuesta a asumir que la infancia necesita límites claros en el entorno digital para poder crecer sin que su desarrollo emocional, cognitivo y moral sea colonizado por intereses comerciales, ideológicos o de cualquier otra tipología, que no entienden o sí, perniciosamente, de edades ni de cuidados.

Las redes sociales no educan. Captan atención, generan dependencia y convierten la vulnerabilidad en negocio. No son neutras, no son inocentes y no están pensadas para acompañar procesos madurativos. Pretender que un menor pueda gestionar ese entorno solo, amparándose en una libertad mal entendida, no es progreso, pudiera ser hasta dejación de responsabilidades

Muchos somos los que llevamos tiempo insistiendo en una idea tan sencilla como incómoda, las redes sociales no educan. Captan atención, generan dependencia y convierten la vulnerabilidad en negocio. No son neutras, no son inocentes y no están pensadas para acompañar procesos madurativos. Pretender que un menor pueda gestionar ese entorno solo, amparándose en una libertad mal entendida, no es progreso, pudiera ser hasta dejación de responsabilidades.

Los docentes en las aulas vemos las consecuencias, pero sería injusto y poco honesto situar ahí el origen del problema. Lo que ocurre en clase es, muchas veces, el reflejo de lo que sucede fuera como habitaciones con pantallas encendidas hasta la madrugada, móviles sin supervisión, silencios familiares ocupados por algoritmos que guían sin rostro y sin límites. Luego, cuando llegan la ansiedad, la dispersión o el conflicto, se mira a la escuela como si pudiera reparar en cinco horas lo que se desatiende durante las otras diecinueve.

Conviene decirlo, padres y madres tienen una responsabilidad insustituible. Acompañar, supervisar, limitar y decir “no” a tiempo también es educar, aunque no sea popular ni cómodo. La corresponsabilidad no consiste en delegar, sino en asumir cada cual su papel. La escuela acompaña, orienta y educa, no sustituye a la familia ni puede ni debe.

Del mismo modo, los gobiernos deben saber hasta dónde llegan. Regular para proteger a los menores es necesario y legítimo. Poner límites de edad, exigir responsabilidades a las plataformas y respaldar a los centros educativos es una obligación democrática. Pero ninguna ley educa por sí sola, ni ningún decreto puede reemplazar al criterio familiar ni a la presencia adulta. La protección normativa es un marco, no una varita mágica.

Y aquí es donde conviene extremar la prudencia. La necesaria protección digital de los menores no puede convertirse en una coartada para mezclar otros intereses. Proteger no es censurar, regular no es controlar el pensamiento, y legislar no debiera convertirse en un “ómnibus” donde, junto al cuidado de la infancia, viajen tentaciones menos pedagógicas y proteccionistas.

Educar consiste en poner límites con sentido, en ejercer la responsabilidad sin delegarla y en comprender que una sociedad madura no es la que más conecta a sus jóvenes, o en su caso desconecta, sino la que mejor los acompaña, sabiendo que no todo tiene su tiempo y que, definitivamente, hay edades en las que no es tiempo para redes.

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