Negociar para avanzar: estabilidad salarial y fortalecimiento del empleo público (2025-2028)

El Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía 2025-2028, negociado en el ámbito de la Mesa General de Función Pública estatal, constituye un avance relevante en la recuperación del poder adquisitivo del personal al servicio de las Administraciones Públicas y en la modernización estructural del empleo público. En el plano estrictamente retributivo, el acuerdo establece una senda plurianual de incrementos sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024. Se fija un 2,5 % en 2025, un 2 % en 2026 con componente adicional vinculado a la evolución del IPC, un 4,5 % en 2027 y un 2 % en 2028, lo que supone una subida acumulada superior al 11,4 % en el periodo, con efectos consolidados.

El acuerdo no resuelve, evidentemente, de forma automática todos los desequilibrios acumulados, pero sí consolida una dinámica positiva y ofrece seguridad en un contexto económico incierto. Este acuerdo incorpora decisiones estructurales de gran calado, como la supresión de la tasa de reposición, que durante años ha limitado la capacidad de las administraciones para cubrir vacantes y planificar plantillas. En sectores como la educación, donde el relevo generacional es inminente, esta medida tiene un impacto directo en estabilidad, calidad y continuidad.

Conviene abordar con honestidad el debate público en torno a este acuerdo. Quienes critican sus términos suelen presentar los incrementos como insuficientes, pero rara vez explican qué alternativa real y viable proponen dentro del marco presupuestario estatal. La política salarial del sector público no depende de declaraciones grandilocuentes, sino de la capacidad de sentarse en la mesa, negociar y cerrar compromisos. Criticar desde fuera es sencillo, garantizar subidas salariales efectivas, publicadas en el BOE y aplicadas en nómina, exige responsabilidad y representación.

Resulta llamativo que quienes no participan en ese ámbito de negociación cuestionen sistemáticamente los resultados sin asumir la responsabilidad que implica negociar. A esa estrategia responde la crítica al Acuerdo Marco de un sindicato extremeño sin representación nacional. Donde no hay ni voz ni voto, suele buscarse sobreactuar en los medios para compensar.

Nosotros defendemos una estrategia clara: combinar la negociación estatal, donde se fijan las bases comunes y los marcos retributivos generales, con la presión y la negociación autonómica para mejorar las condiciones específicas del profesorado extremeño. No se trata de elegir entre un nivel u otro; se trata de articular ambos, pero para hacer eso hay que estar en todos los ámbitos y, como se ha dicho, no es el caso de los que nos critican. No están en la mesa estatal ni en la de Función Pública autonómica, solo en la sectorial de Educación regional.

La ciudadanía en general y los trabajadores de la enseñanza extremeña en particular merecen un debate honesto. Es legítimo aspirar a más, lo que no es responsable es minusvalorar avances concretos porque no se ha participado en su negociación. Subidas salariales reales, publicadas y aplicadas, cláusulas de revisión que protegen el poder adquisitivo y un marco estatal que refuerza la capacidad de mejora en Extremadura. Hechos, no palabras.

Esa es la diferencia entre la crítica retórica y la negociación efectiva. Y esa es la responsabilidad que asumimos desde CCOO.

Tomás Rodríguez es secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura