Docentes: ¿más salario, menos ratio y menos horario?

Leo en las noticias que los docentes reivindican aumento de sus nóminas al tiempo que piden reducción del tiempo laboral y menos alumnos. “A ver cómo se come esto”, dirían mis alumnos. No sé si estas demandas así planteadas pueden ser entendidas por el resto de los trabajadores españoles, incluidos los que tienen titulación universitaria, mayoritariamente peor retribuidos y con menos prerrogativas de todo tipo. Asimismo, ¿cómo es posible sostener que existe un problema generalizado de exceso de alumnos por aula o insuficiencia de personal cuando la evolución de ambas variables muestra justamente lo contrario?

Por razones obvias me voy a centrar en Extremadura, donde los educadores piden, además, la equiparación salarial con el resto de España. Para verificar si están mal pagados, he consultado las fuentes oficiales y he constatado que ganan más dinero contante y sonante que sus colegas de Cataluña, Asturias o Aragón, y prácticamente lo mismo que los de la comunidad valenciana. Todas ellas con un coste de vida entre un 25% y un 45% más elevado.

La evaluación nominal resulta incompleta desde las perspectivas social y geográfica, pues lo relevante para evaluar el bienestar material de cualquier trabajador no es cuánto cobra en términos absolutos, sino cuál es su capacidad real para consumir, ahorrar, invertir y acceder a bienes básicos dentro de la región donde reside.

Los datos sindicales de 2025 sitúan a nuestro territorio en una posición aparentemente discreta dentro de España, donde un profesor de Secundaria percibe en su nómina un bruto anual sin antigüedad de unos 38.000 euros (sólo 3,6 % por debajo de la media nacional) y unos 45.000 euros con todos los complementos hasta su jubilación. A partir de este dato, determinadas organizaciones sindicales concluyen que existe una situación de agravio que justificaría procesos de homologación con otras comunidades autónomas. Sin embargo, la realidad económica es bastante más compleja de lo que refleja una mera clasificación de nóminas.

Según el INE, Extremadura presenta una de las rentas más bajas de España. Mientras la remuneración media anual nacional es de unos 29.000 euros, nuestra comunidad se sitúa en torno a los 23.800 euros. Siendo el salario más frecuente (moda) de unos 17.000 euros. Consecuentemente, los docentes con plaza de nueva incorporación en Extremadura obtienen un 58% más de ingresos que un trabajador medio, superando incluso la diferencia que se da en el resto de las regiones. Nadie puede afirmar que sea un colectivo agraviado

Esta circunstancia es más relevante si se analiza el papel de la vivienda, componente principal del gasto familiar que más condiciona la capacidad de ahorro de los hogares españoles. Así, mientras un educador destinado en Barcelona, Madrid o Palma debe destinar en torno al 65% de sus emolumentos al pago de alquileres o hipotecas, en Extremadura puede acceder a un parque habitacional de similares características con un esfuerzo financiero del 29%.

Por tanto, si bien el total percibido, escasamente inferior a la media nacional (se encuentra incluso por encima de regiones más prósperas) que presenta una notable homogeneidad distributiva, implica una cantidad disponible efectiva de los docentes extremeños proporcionalmente muchísimo más elevada, debido a sus mayores opciones para consumir, ahorrar o invertir que el resto de sus colegas en toda España. Por ende, el profesorado extremeño, como sugieren los datos, disfruta de una posición destacada dentro de la estructura económica regional, dispone de una capacidad de acceso a la casa o piso extraordinariamente ventajosa en relación con todo el país.

En relación con la evolución del número de alumnos en primaria, se ha pasado de 70.000 en 2012 a los 55.000 en la actualidad (pérdida del 21%), que ya ha llegado a la enseñanza secundaria y con previsiones de un descenso similar. Por el contrario, el número de maestros ha aumentado en sentido inverso, pasando de 9.000 a 11.000 (crecimiento del 22%) en el mismo periodo. Algo análogo ocurre con la plantilla de profesores de secundaria que ha transitado desde los 6.200 a los 8.600 (subida de casi el 40%). Como dice el refrán: “baja el trigo y sube el pan”. Con estas cifras parece un dislate que pidan una bajada de ratios aún mayor de la que se ha producido de manera demográfica (bajada de la natalidad) e inducida (contratación). Y esto también está sucediendo en la Universidad.

A la luz de las estadísticas no puede argumentarse agravio alguno. Lo que realmente daría argumentos a sus demandas sería ligar el incremento o reducción del salario a los resultados obtenidos con los alumnos. La productividad también se mide.

Para concluir, como miembro del profesorado universitario (aún más favorecido)reitero que somos unos privilegiados, más allá del sueldo, comparados con el conjunto de trabajadores, por todos los beneficios que disfrutamos: empleo fijo frente a la temporalidad y la incertidumbre; una jornada concentrada fundamentalmente en horario de mañana; una carga lectiva anual inferior a las ocupaciones del sector privado; vacaciones en verano, Navidad, Semana Santa y otros periodos no lectivos; la existencia de puentes y días de libre disposición derivados del calendario escolar; retribución total durante bajas, permisos y vacaciones; progresión profesional mediante trienios y sexenios; asistencia sanitaria de Muface y un régimen de pensiones especialmente ventajoso (la mayoría se jubilan a los 60 años).

*Julián Mora Aliseda es Catedrático de Universidad