Un bozal para el Parlamento

La democracia no se deteriora de un día para otro, lo hace cuando se normalizan pequeños retrocesos institucionales que terminan debilitando el control al poder. Ayer conocimos la decisión de María Guardiola de pedir la supresión el Debate sobre el Estado de la Región. Es uno de esos retrocesos, es, en términos políticos, ponerle un bozal al Parlamento.

El Debate sobre el Estado de la Región no es un acto protocolario, es el principal ejercicio de rendición de cuentas de un presidente autonómico ante la Asamblea de Extremadura. Es el momento en el que quien gobierna explica su acción política, escucha las críticas de la oposición y responde ante los representantes de los ciudadanos. En una democracia parlamentaria, ese control no es una opcional, es una obligación que además recoge el Reglamento de la Cámara, es decir la ley que regula el parlamento.

Por eso resulta preocupante que Guardiola quiera ahora prescindir de ese debate. Ningún gobierno debería decidir cuándo quiere someterse al escrutinio democrático y cuándo no. Las reglas existen precisamente para evitar que el poder pueda escapar del control de las instituciones.

Además, la forma en que se ha conocido esta decisión agrava aún más el problema. El anuncio llegó antes a los medios de comunicación que al registro de la Asamblea. El Parlamento no puede enterarse por la prensa de una decisión que afecta directamente a su funcionamiento. Las instituciones merecen respeto y las relaciones entre el Gobierno y la Cámara tienen unos cauces que no pueden ignorarse.

Extremadura ya demostró que incluso en circunstancias mucho más difíciles era posible cumplir con esta obligación democrática. Durante la pandemia se celebró el Debate sobre el Estado de la Región porque nadie entendía que una crisis pudiera justificar la suspensión del principal mecanismo de control parlamentario. Si entonces fue posible, cuesta entender por qué ahora no lo sería.

Tampoco puede analizarse este episodio de forma aislada. Se suma a otras decisiones que han reducido progresivamente los espacios de control institucional como son la eliminación de comparecencias previas de altos cargos, la reducción de diputados en las comisiones parlamentarias y ahora el intento de suprimir el principal debate político del año.

Gobernar no consiste en esquivar el control, sino en someterse a él con normalidad. Un Gobierno seguro de su gestión no teme responder ante la Cámara; entiende que el Parlamento no pertenece a la oposición, sino a todos los extremeños. Estamos convencidos de que todavía hay tiempo para rectificar. Si el calendario presupuestario aconseja aplazar el debate, septiembre ofrece una alternativa razonable y es lo que proponemos desde el Grupo Socialista. Lo que no puede aceptarse jamás es que el Gobierno decida silenciar el principal espacio de fiscalización política. Porque cuando se le pone un bozal al Parlamento, no se calla a la oposición. Se debilita la democracia y se priva a los ciudadanos del derecho a exigir cuentas a quienes gobiernan.