Debate de la región, sí o no

En medio de las temperaturas sofocantes que enlazan una ola de calor con otra y en medio de la tragedia de Almería ocasionada por un incendio forestal, que nos recuerda la importancia de la prevención, la necesidad de disponer de recursos materiales y humanos para que, llegado el caso, se actúe con la eficacia de la que dependen vidas humanas, y la no menos importante conclusión de que los ciudadanos amenazados por un fuego siempre deben seguir las instrucciones de las autoridades correspondientes, en medio de este panorama aliviado por los triunfos de la selección de fútbol, se ha colado esta semana en Extremadura una discusión inesperada: si debe o no celebrarse el Debate sobre la orientación política general de la Junta, más conocido como Debate del estado de la región.

La polémica se mueve, además, en si se trata de una cuestión meramente formal o tiene un fondo en cuanto su no celebración puede llegar a socavar los cimientos de la democracia, tal y como se ha apuntado, de forma algo hiperbólica, desde la oposición.

El Debate está previsto en el reglamento de la Asamblea de Extremadura con carácter anual al término de cada curso político para que el Ejecutivo rinda cuentas de su gestión y el resto de grupos pueda fiscalizar políticamente ese trabajo desarrollado. Se contempla una excepción muy lógica: no se celebra en año electoral, porque no hay mejor forma de evaluar a un gobierno que a través de las urnas.

El hecho de que los extremeños fueran convocados a votar de manera adelantada en diciembre de 2025 y que la formación del Ejecutivo se prolongara hasta abril es lo que ha incorporado unas circunstancias singulares que llevan a pensar, de forma razonable, que el Debate no se lleve a cabo en las fechas habituales: el Ejecutivo de Guardiola acaba de echar a rodar y poca gestión puede poner aún sobre la mesa para que sea evaluada. No se han cumplido todavía ni tres meses desde el primer Consejo de Gobierno con sus nuevos integrantes.

Estas peculiaridades de los tiempos políticos y el orden parlamentario son las que ha subrayado el Gobierno extremeño ante la Mesa de la Asamblea para sugerir su no celebración en 2026. Interpretar las normas y reglamentos de los que nos dotamos, en cualquier ámbito, con unas dosis de flexibilidad no supone vulneración de la letra ni menoscabo del espíritu que los promueve, sino hacer una interpretación coherente con cada tiempo y circunstancia.

Por otro lado, y aunque la democracia efectivamente son formas, concluir que se pone en peligro su existencia si se decide la no celebración del Debate, como ha indicado poco menos el PSOE, es optar por un tono en exceso grandilocuente que finalmente se vuelve en contra porque distorsiona la importancia de lo que se está tratando.

Es entendible que la oposición prefiera que exista la oportunidad de sacar los colores a un gobierno por su acción, pero para eso tiene que existir antes materia suficiente. En este sentido, parece más razonable la postura mostrada por el grupo Unidas por Extremadura, que, aceptando la singularidad del presente ejercicio político de Extremadura, ha apuntado la opción de cambiar la fecha habitual de celebración y trasladar el Debate a finales del presente año.

En cualquier caso, se trata este de un asunto que desde el Ejecutivo extremeño, o los grupos parlamentarios que lo sustentan, PP y Vox, podía haberse consultado con el resto de formaciones políticas antes de hacer la comunicación a la Mesa del Parlamento para conocer su parecer, algo que no consta que se haya hecho.

Dada la propia excepcionalidad que se alude, habría merecido la pena abrir ese diálogo y hubiera sido una buena forma de comenzar la legislatura y de asentar las bases de un mínimo entendimiento entre los distintos partidos para cuestiones que no tienen que ver con ningún posicionamiento ideológico. Tal y como se han desarrollado los hechos, en cambio, es plausible interpretar que el Ejecutivo intenta eludir su responsabilidad.

La presidencia de la Cámara autonómica ha solicitado un informe jurídico que arroje luz sobre este embrollo inesperado, en una decisión que entra dentro de lo habitual. Pero, llegado este punto, también es importante que la Mesa del órgano legislativo no salga malparada de este episodio ni pueda quedar la mínima sombra de duda o sensación de que se deja orientar en sus decisiones por intereses de índole partidista. Se juega su prestigio institucional.