Noventa años de olvido

Hoy se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil o mejor dicho del golpe de Estado contra un gobierno legítimo que supuso una tragedia que fracturó el país, dejó cientos de miles de muertos y dio paso a cuatro décadas de dictadura. Parece que nueve décadas es tiempo suficiente para aprender que nuestra sociedad tiene que construirse sobre los cimientos de una memoria democrática que reconozca a las víctimas y les brinde un ejercicio de verdad, justicia y reparación. Pero nada más lejos de la realidad, nos encontramos en 2026 en un debate encarnizado de nuevo donde quienes apelan a la Concordia defienden que símbolos franquistas, bautizados con sangre de personas represaliadas, sigan adornando nuestras calles como es el caso de la Cruz de Cáceres.

Creo que conviene recordar que la Guerra Civil no fue una pelea entre bandos equivalentes. Comenzó con un golpe militar contra un gobierno legítimo salido de las urnas. Los responsables de aquella sublevación desencadenaron una guerra y, tras su victoria, instauraron una dictadura de casi 40 años basada en la represión, las ejecuciones, las cárceles, los campos de concentración, el exilio y un silencio impuesto a generaciones enteras. Aquí no hay interpretaciones ideológicas que valgan, los hechos históricos son los que son y están ampliamente documentados.

Por eso resulta muy preocupante que 90 años después nos encontremos con gobiernos que defienden relatos tramposos y equidistantes, niegan una reparación justa a las víctimas y echan más tierra sobre las cunetas y fosas comunes donde aún queda la estremecedora cifra de 14.000 extremeños asesinados y desaparecidos. Algo que debería estar ya superado como es el desmantelamiento de la simbología fascista se cuestiona ahora con una oposición contumaz adornada de quedadas para rezar el rosario, una estampa que nos deja imágenes más propias de los oscuros años 50.

El único triunfo parlamentario que tuvo el PP en la anterior legislatura fue derogar junto con Vox la Ley de Memoria Democrática de Extremadura y aprobar la infame Ley de Concordia. Esta misma semana hemos conocido que el gobierno estatal ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a esta ley por atacar con ella a las víctimas. Una indecencia que se da además en el territorio donde la represión franquista alcanzó sus mayores cuotas de crudeza y horror y donde cualquier persona con un mínimo de humanidad entendería que condenar aquello es el primer paso para construir sociedades sanas y fraternas.

La memoria democrática no es una cuestión de nostalgia o de revanchas, es una cuestión de derechos humanos. Esto no va de construir un relato cómodo para quienes nunca han condenado la dictadura, esto va de mirar a nuestro pasado con honestidad y construir nuestro futuro sin miedo y, por desgracia, 90 años después en Extremadura seguimos teniendo suspensa la asignatura de dignificar la memoria.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea.