Extremadura: de reserva natural a modelar su destino

Ahora que el cambio climático parece haberse erigido para algunos en el «principal desafío de nuestra era», hasta el punto de atribuirle recurrentemente la responsabilidad de casi todos los males que nos afectan (sequías, incendios, DANA, etc.), conviene analizar las cifras con luces largas. La Unión Europea aporta alrededor del 6% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y España el 0,5%.

En este contexto, Extremadura tiene un peso imperceptible, ya que genera aproximadamente el 2,5% de las emisiones españolas de dióxido de carbono, lo que equivale al 0,01% del total mundial. Si la aportación española es casi irrelevante a escala global, la extremeña presenta un balance neto favorable como exponemos a continuación.

He insistido siempre en que el análisis no debe limitarse únicamente a las emanaciones ocasionadas, sino también a la tasa de secuestro, que en el caso de Extremadura es abrumadora, merced a sus 722 millones de árboles y la mayor extensión adehesada del mundo (1,5 millones de hectáreas). Asimismo, supera los 41.600 km², con 1.047.000 residentes (densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado). A ello se suma un acusado envejecimiento poblacional (22%), una insignificante presión urbanística (de las siete ciudades mayores sólo Badajoz logra los 150.000 habitantes, el resto no llega siquiera a los 100.000, salvo que se sumen de dos en dos o de tres en tres, según las preferencias) y un tejido industrial incipiente en comparación con otras áreas españolas.

Todo ello configura un modelo singular que convierte a Extremadura en una auténtica «región sumidero», capaz de captar mucho más CO₂ del que lanza a la atmósfera. Desde esta perspectiva, la comunidad no sólo alcanza la denominada «neutralidad climática», sino que presenta un balance netamente positivo, contribuyendo además a compensar parte de los efluentes gaseosos originados en áreas altamente industrializadas del entorno nacional e incluso europeo.

Así, queda meridianamente claro que mientras otros países requieren complejos procesos de descarbonización para acercarse a ese objetivo, Extremadura se coloca en un nivel superior derivado de su estructura geográfica, ecológica y socio demográfica.

Justamente esta realidad obliga a replantear determinadas normativas diseñadas desde Bruselas con parámetros homogéneos para espacios diferentes entre sí. No es razonable aplicar idénticos criterios de restricción ambiental a una región caracterizada por su «función ecológica compensadora» que a grandes áreas metropolitanas (París, Londres o Madrid) o polos de alta concentración industrial (cuenca del Ruhr, Sena o valle del Po). La sostenibilidad debe medirse no sólo por las eyecciones producidas, sino también por la capacidad efectiva de absorción, regeneración y conservación que aporta cada enclave al conjunto.

Extremadura posee recursos suficientes para liderar un próspero escenario. Dispone de un extraordinario volumen hídrico, con pantanos que albergan una cantidad de agua muy por encima de sus necesidades y que constituyen las mayores reservas de agua dulce de Europa occidental (superiores a la suma de todas las presas de Alemania y Francia). Esta abundancia representa una oportunidad para impulsar nuevos regadíos (caso de Tierra de Barros), reforzar la seguridad alimentaria, diversificar la producción agraria y consolidar modalidades emergentes de turismo vinculadas a los litorales de interior sin demoler urbanizaciones modélicas como Valdecañas, que deben replicarse en todos los grandes embalses, a fin de afrontar el «reto demográfico».

Del mismo modo, la región se ha convertido en una potencia eléctrica verde y renovable (99,9%) de primer orden. La producción multiplica por 6,5 el consumo propio (exportación casi sin impacto económico interno). Esta circunstancia, unida a la amplia disponibilidad de suelo, a la ausencia de congestión en su débil sistema de ciudades y a una creciente conectividad digital, sitúa a Extremadura en una posición privilegiada para construir centros de datos, industrias tecnológicas, proyectos de almacenamiento energético, instalaciones de computación y múltiples actividades vinculadas a la «nueva economía», si se agilizan los trámites burocráticos y las autorizaciones de los nodos eléctricos de consumo.

Precisamente, en un contexto internacional marcado por la incesante demanda energética de los procesos industriales, los territorios que combinen fuentes limpias (hidroeléctricas en la cuenca del Tajo, fotovoltaica en áreas de penillanura no arbolada y la nuclear de Almaraz), disponibilidad de agua, vasta superficie y calidad del hábitat ocuparán la jerarquía para asentar las inversiones venideras. Esta comunidad autónoma reúne concomitantemente todas esas condiciones, algo que pocas regiones europeas patentizan con igual contundencia.

Por ende, el verdadero propósito no consiste en elegir entre crecimiento económico y conservación, sino en demostrar que ambos objetivos son plenamente compatibles cuando se gestionan con proyección de futuro. No existe evidencia científica que impida conciliar evolución, empleo y bienestar social con la preservación ecológica y los agro-sistemas. Muy al contrario, la experiencia demuestra que aquellos espacios que mejor mantienen sus recursos son también los que poseen mayores opciones para construir economías resilientes a largo plazo.

Actualmente, Extremadura se halla en la encrucijada histórica más propicia para convertirse en referente de un nuevo paradigma de desarrollo territorial: transformando su fortaleza ambiental, energética, minera, agraria e hídrica en actividad económica, empleo cualificado y cohesión social, sin deteriorar los recursos naturales que sustentan esa ventaja. Para conseguirlo se necesita una estrategia holística, dotada de inversión, infraestructuras, seguridad jurídica y agilidad administrativa capaz de reportar beneficios para la población.

*Julián Mora Aliseda es catedrático de Geografía e la Universidad de Extremadura