Valdecañas: demoler para proteger

No cejan quienes quieren que perdure la urbanización del embalse de Valdecañas, a pesar de las repetidas sentencias de los más altos tribunales, en especial el Tribunal Supremo y el Constitucional, que han estimado la ilegalidad de lo construido y por consiguiente, su derribo.

Este embalse recoge la mayor concentración invernal de España de cormorán grande, con unos 4.000 individuos, así como notables poblaciones de somormujos lavancos, garcetas comunes, garzas reales, pagazas piconegras, charrancitos, etc… Pero además, en sus zonas más angostas nidifica la cigüeña negra y en los llanos que lo rodean se pueden observar sisones, ortegas y gangas; las dehesas son áreas de caza y campeo de águilas imperiales, perdiceras, culebreras, calzadas, etc…

Viene esta introducción a cuento de que Valdecañas no es sólo su “isla”, que antes de construirse la presa, lógicamente no existía, y era un cerro más. No se puede valorar el impacto de la urbanización construida solamente sobre dicha isla, que efectivamente, no tenía mucho valor natural ni antes, ni después de construirse el hotel y los chalets.

Aquí lo que hay que valorar es el efecto de la presión humana sobre el resto del embalse, y de esto, no se dice nada. La urbanización tiene un embarcadero, y de éste, embarcaciones a motor surcarían las aguas hasta lo lugares más recónditos, espantando aves acuáticas y las que nidifican en sus márgenes, tanto en cantiles como zonas aledañas. Fines de semanas en plena época de invernada o de reproducción: un escenario imposible para el comportamiento normal de las aves.

Quienes se autoproclaman expertos en ordenación del territorio pero que son incapaces de distinguir una garceta común de una grande, un milano negro de uno real, o un charrancito de una pagaza piconegra, incluso un gorrión común de uno moruno, defienden un proyecto que nunca se debió llevar a cabo.

Cuando se inicia el proyecto de construcción de la urbanización, se advierte por activa y por pasiva a la Junta de Extremadura que el terreno está en una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Se advierte que es incompatible con una zona declarada protegida. Se insiste que la ocupación de esos terrenos vulnera el derecho comunitario. Pues a pesar de todo, el gobierno extremeño, autoriza la actuación. ¿Prevaricación? Pues a tenor de las sentencias judiciales, podría ser así.

En 2007, la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos del PP y del PSOE, que la urbanización fuera un Proyecto de Interés Regional (PIR), recalificando los terrenos, porque era “suelo no urbanizable”. Es decir, no podían alegar ignorancia sobre este aspecto. En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), como no podría ser de otra manera, declara ilegal el PIR. Pero no acaba aquí la historia: en 2015, nada más y nada menos que el Tribunal Constitucional declara no ajustada a derecho la modificación de la Ley del Suelo realizada por el gobierno extremeño.

Interviene también el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), a petición del TSJEX, y establece que el mantenimiento del complejo turístico, tendría muchos más perjuicios ambientales que derribarlo: “La demolición seguida de una restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo, en la medida que suprime un foco de actividad humana permanente y devuelve el espacio ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos y de restablecimiento de la biodiversidad perdida por el uso urbano”.

En febrero de 2022, el Tribunal Supremo (TS) obliga a la demolición total de lo construido y encarga al TSJEX la ejecución de la sentencia, que da un plazo de ocho meses para aprobar el plan de demolición. Hay recursos contra ello, pero finalmente, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, en septiembre de 2025 rechaza el recurso de la Junta de Extremadura y da vía libre a la demolición total. Después, se ratifica, ante los recursos de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

Es decir, las decisiones judiciales son claras, contundentes y sin que haya lugar a interpretaciones: se construyó en una zona protegida y eso no se podía hacer. Se avisó de ello, y la Junta de Extremadura miró para otro lado.

Y cuando creíamos que la historia había terminado, la Junta, como un tahúr del Mississipi, saca una carta escondida: mediante una burda maniobra intenta quitar la “isla” de Valdecañas de la ZEPA del embalse, alegando “errores cartográficos”. El 22 de diciembre de 2025 se publicó un decreto en el DOE (nº 45) por el que se modificaban los límites de 11 ZEPAs. Lo curioso es que del total de superficie reducida, 324´9 has., 208´9 correspondían mayoritariamente a la “isla” de Valdecañas, es decir más del 60%. ¿Blanco y en botella? El TSJEX ha admitido el recurso contencioso contra el Decreto presentado por FONDENEX.

A nivel legal, ya no hay más recorrido. Hay que derribar. El esperpento de la Junta de modificar los límites de varias ZEPA para justificar excluir la “isla” del embalse de Valdecañas del espacio protegido, causa rubor a nivel jurídico. Después de varias sentencias de nuestros más altos tribunales, que se basan en que se construyó donde no se podía construir, ahora, a posteriori, el gobierno extremeño intenta descatalogar el espacio. Es como si al autor de un delito pretende que no lo ha cometido porque se cambia la ley después de hacerlo. ¿Camarote de los hermanos Marx?

Pero de este escándalo, no sólo es responsable la Junta de Extremadura. La Confederación Hidrográfica del Tajo tendría que explicar como permitió la ocupación de terrenos sujetos a “zona de policía de aguas” y “servidumbre” por un hotel y unas viviendas, que en caso de llenado total del embalse, podían quedar inundados. ¿O no?

En el embalse de Valdecañas no hay ningún conflicto. Sólo unas sentencias que cumplir, porque estamos en un estado de derecho.

Francisco Blanco es presidente de Fondenex.