La violencia machista desborda

Cada vez que los asesinatos machistas se suceden en el espacio de pocos días, la necesidad de dejar claro ante la sociedad que las administraciones no contemplan este drama impávidas suele llevar no solo a actos de denuncia, que son necesarios para evitar cualquier desmovilización ante este drama, sino también a la convocatoria de un comité ministerial de crisis para analizar qué posibles errores, puntuales o estructurales, están tras el fracaso en proteger la vida de las víctimas. En los siete primeros meses del año esta instancia se ha convocado ya seis veces, la última el pasado 28 de julio. Una constatación de que una violencia enquistada sigue sobrepasando el sistema de protección a las víctimas construido en los últimos años.

Esta semana un guardia civil recién apartado del servicio, al que ya hace tiempo se le había retirado el arma y que había sido condenado por violencia machista, ha asesinado en Llanes a su mujer, también agente del cuerpo, dentro de un cuartelillo. Solo tardó unas horas en ser este crimen el «último» de la trágica serie que ya acumula 33 mujeres asesinadas en lo que va de año, un 46% más que el año anterior, 11 de ellas durante este verano negro: poco después, un hombre bajo el que pesaba una orden de alejamiento mataba a cuchilladas a su exmujer en un centro comercial en Murcia.

El hecho de que tanto asesino como víctima del asesinato cometido en Asturias fuesen agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, y el lugar del crimen, una dependencia policial, ha supuesto un auténtico impacto. Aunque estas circunstancias no hacen más que recordar lo transversal de esa lacra, y que ni siquiera el espacio más teóricamente protegido es inmune a la amenaza. Aún más relevante es la reiteración de casos que evidencian las insuficiencias de un entramado de recursos judiciales, policiales y sociales bajo cuyo radar se encuentra la tremenda cifra de 100.000 mujeres en España.

El repunte de la violencia de género no solo es estadístico. Agresiones cada vez más cruentas, manifestación de una rabia desatada, fallos de valoración en el nivel de riesgo de cada caso y errores en el despliegue de los medios para evitarlo. Una de cada tres víctimas mortales había denunciado a quien acabó siendo su asesino. El sistema Viogén, que evalúa los riesgos y asigna recursos y vigilancia policial en función del nivel de amenaza, ha sido burlado en muchos de estos casos, aunque haya protegido a miles de potenciales víctimas.

El resto mujeres asesinadas no habían denunciado. Algo que obliga a poner el foco no solo en qué recursos no han funcionado, sino también en el porqué de esa indefensión. La coacción; la dependencia; el miedo; la pasividad de un entorno que siendo consciente del peligro no da la voz de alerta, o la del sistema cuando la retirada o no presentación de denuncias le lleva a la inacción. Todo ello, aspectos que no solo se combaten con recursos, normativas y protocolos que deben ser continuamente afinados, rastreando las desconexiones existentes entre las diversas instancias que debe sumar sus esfuerzos. Sigue siendo necesaria la construcción de una conciencia colectiva que reaccione ante las tendencias que niegan que este sea un fenómeno estructural, fundado en las resistencias de un sistema de dominación y en la reacción violenta a la pérdida de este control por parte de demasiadas personas, en una sociedad en que, pese a todos los dramas que su nos golpean y el rearme ideológico de un machismo que se resiste a desaparecer, sigue avanzando en el camino de la igualdad