Almaraz: una prórroga sin alternativa de futuro

La prolongación de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 puede producir una primera sensación de alivio en Extremadura. Se aleja el cierre previsto para 2027 y 2028, se mantienen durante algún tiempo más miles de empleos directos, indirectos e inducidos y continúa funcionando el principal motor económico de un territorio singular dentro de la Extremadura rural. Pero convendría no confundir una prórroga con una solución: se ha aplazado el problema, no se ha resuelto.

El Gobierno de España califica la extensión de «limitada y acotada» y mantiene intacto el horizonte de cierre del parque nuclear español en 2035. No modifica, por tanto, su política nuclear; simplemente retrasa el cierre definitivo de Almaraz hasta 2030. Cabe perguntarse por qué. El Ejecutivo no atribuye la decisión al gran apagón peninsular de hace más de un año y no se puede afirmar una relación causal directa. Pero tampoco puede analizarse la dilación como si aquel acontecimiento no hubiera existido. España y Portugal sufrieron entonces un cero eléctrico inaudito que evidenció problemas de control y gestión de la tensión eléctrica, obligando posteriormente a adoptar medidas para reforzar el sistema.

La cronología resulta reveladora. El apagón se produjo en abril de 2025; las empresas propietarias solicitaron la ampliación de Almaraz en octubre; y la crisis de Oriente Medio y del estrecho de Ormuz, utilizada ahora como justificación «en el nuevo contexto energético» llegó en febrero de 2026. Por consiguiente, resulta difícil ignorar la influencia que aquel episodio. España necesita más electricidad. Centros de datos, industrias electrointensivas, movilidad eléctrica, almacenamiento, climatización y nuevos desarrollos urbanos y turísticos están multiplicando necesidades que la infraestructura existente no siempre puede atender, como así lo reconoce Red Eléctrica Española. En Extremadura esta paradoja resulta especialmente visible. Somos una gran región productora de electricidad (6,5 veces más de la que consumimos), pero la red se diseñó históricamente para evacuarla, no para favorecer grandes consumos industriales en su interior. Producimos muchísima energía y, paradójicamente, no la utilizamos como instrumento de industrialización, pues muchas decisiones dependen del Estado. Por eso el debate nunca debió reducirse a una disputa entre nuclear y renovables. Un sistema eléctrico moderno necesita generación, redes, almacenamiento, capacidad de regulación, respaldo y estabilidad. Y una política territorial eficiente permitiría que las regiones productoras transformasen parte de esa energía en empleo, industria y renta. Ahora bien, ¿qué sucederá con Campo Arañuelo cuando finalice la prórroga? El Gobierno aconseja a las empresas propietarias de la central que se impliquen en alternativas dinamizadoras para «avanzar en el diálogo social». Sería conveniente, pero la Orden no establece inversiones obligatorias ni objetivos cuantificados de craeción de empleo. Corresponde al Gobierno de España favorecer e inducir la implantación de industrias sustitutivas para absorber los casi 3.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Lo que debería acompañar a esta prórroga es un verdadero Plan Territorial de Transición para Campo Arañuelo (2026-2030), impulsado por el Gobierno Central, con inversiones públicas y privadas, proyectos tractores, suelo industrial, equipamientos, creación y dotación de nodos de consumo con capacidad suficiente para satisfacer la demanda creciente con la energía que producimos en Extremadura. Y el fin del citado plan no se circunscribiría a sustituir los puestos de trabajo que desaparezcan con el presumible cierre de Almaraz, sino a impulsar la ambiciosa transformación y diversificación de la estructura socioeconómica para generar mayor bienestar.

Obviamente una transición territorial no se improvisa; necesita varios años para la creación de infraestructuras, financiación, logística, etc. Por ello, habría que conocer el cronograma del Estado, si lo tiene, donde se especifique el destino y los recursos necesarios para asentar en la comarca funcional de Navalmoral la nueva industria antes de que desaparezca la tradicional. Almaraz no es únicamente una central nuclear. Durante medio siglo ha contribuido a estructurar el empleo, la producitividad, la actividad empresarial, los servicios y el dinamismo demográfico de Navalmoral de la Mata (la única ciudad extremeña que ha duplicado su población desde los años 70) y su entorno. Su clausura sin un escenario alternativo previamente implantado no supondría simplemente apagar dos reactores sino provocar una profunda desarticulación geoeconómica en muchos municipios.

Una transición justa no consiste en administrar las consecuencias de echar el candado sino en el despegue innovador del nordeste extremeño; así que el gobeirno debería publicar ya qué programa de actuaciones tiene diseñado para la zona en 2030, pues no se sabe nada sobre el papel ni sobre el suelo. Si continuamos hablando de planes futuros sin concretar, habremos cambiado las fechas pero no de política: seguirá siendo etérea y sin definición. La prórroga habrá sido simplemente una patada a la pelota hacia adelante: mantener Almaraz mientras el sistema eléctrico todavía la necesita y posponer nuevamente la solución territorial. Por ende, la cuestión ya no es si Almaraz llegará a 2030, sino ¿qué actividades estarán funcionando en su zona de influencia cuando la central deje de hacerlo? A día de hoy, como antes, seguimos sin respuesta.