Cuestionar Schengen

La decisión de Italia de cancelar la aplicación del acuerdo de Schengen tras la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta, a pesar de que la ciudad autónoma, siendo inequívocamente parte de la Unión Europea, queda fuera del espacio de libre circulación en el que se aplica el tratado, y la réplica española de hacer otro tanto, han vuelto a suscitar la inquietud sobre la capacidad del que Schengen sobreviva a las tensiones de la política migratoria europea. Porque no se trata, ni mucho menos, de la primera vez que se han aplicado cautelas extraordinarias a la libertad de movimiento de personas en el interior de la UE. En otras 465 ocasiones, en los últimos 10 años, hasta 24 países han notificado a la Comisión Europea que reinstauraban temporalmente controles policiales en las fronteras interiores. Dieciocho de estos países fundamentaron en la gestión de flujos migratorios las medidas excepcionales que el propio acuerdo de Schengen prevé. Otros lo hicieron de manera puntual, aplicando cláusulas que permiten su suspensión temporal para garantizar la seguridad de determinados eventos y responder a amenazas terroristas, o sanitarias, como sucedió en determinados momentos durante la pandemia.

Pero en este periodo, las preocupaciones sobre movimientos migratorios han sido el principal motivo de extremar las cautelas fronterizas. Esta inquietud es la que ha estado detrás de las motivaciones de los tres países que destacan por encima de la media como los que más controles han introducido en estos diez años: Austria (65), Alemania (47) y Noruega (44). Alentado o no desde posiciones populistas, el miedo de los ciudadanos a un desbordamiento migratorio es un hecho con el que los gobiernos europeos y Bruselas deben lidiar. No hacerlo sería favorecer aún más respuestas populistas e iliberales.

Ante todo este abanico de amenazas, tiene toda la lógica reforzar la cooperación policial y judicial y el control de las fronteras exteriores del espacio de libre circulación, y dentro de este aplicar controles no sistemáticos pero sí orientados a amenazas específicas. Porque el recurso excepcional a restringir su aplicación forma parte del contenido mismo del acuerdo de Schengen cuando se trate de «situaciones excepcionales» y se respeten «los principios de necesidad y proporcionalidad»: el problema alcanza otra dimensión si la excepción empieza a convertirse en norma o se utiliza como forma de presión alternativa al debate franco en el marco de los organismos comunitarios.

El espacio Schengen lo conforman todos los países de la UE excepto Irlanda y Chipre, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Estos países aplican las mismas normas la hora de controlar las fronteras exteriores, tienen una política común de visados, y mantienen una intensa cooperación policial y judicial. Mientras esta capacidad de mantener criterios comunes se mantenga, este mecanismo no debería enfrentarse a ninguna forma de cuestionamiento global. Porque según estudios de la Comisión Europea, la supresión del espacio Schengen y la reinstauración permanente de controles fronterizos internos en Europa provocaría sobrecostes en el transporte, tendría un impacto negativo en el empleo y podría provocar un desplome del turismo y el comercio. La Fundación Bertelsmann concluyó que el impacto económico de semejante medida sería devastador. Entre 100.000 y 470.000 millones de euros, en un plazo de 10 años, lo que equivaldría a una contracción del 0,8% del PIB de la UE. El remedio sería peor que la enfermedad. ¿No sería mejor, en un asunto de tanto calado, evitar decisiones políticas de consumo interno y acordar entre todos un correcto funcionamiento de Schengen que haga compatible la movilidad en las fronteras interiores y la seguridad de las fronteras exteriores?