Pedro Sánchez hizo este martes balance del año, con un saldo claramente triunfalista y con una metodología elaborada por un grupo de expertos elegidos por el Gobierno. De los 1.238 compromisos adquiridos se han cumplido el 23,4%, según este balance, y en los próximo seis meses el grado de cumplimiento llegará al 32,6%, es decir, un tercio para un tercio del mandato. Pero, más allá de los números y de la valoración del todo el trabajo realizado contra la pandemia, en la comparecencia de Sánchez destacaron dos temas, los posibles indultos a los presos independentistas y la renovación de la monarquía. Aunque no se pronunció rotundamente sobre si el Gobierno indultará a los presos, sus palabras no pudieron ser más claras en el sentido de que la puerta está abierta para conceder los indultos.

Tras las declaraciones favorables de Carmen Calvo y José Luis Ábalos, Sánchez fue más explícito que nunca, al decir que el Gobierno «apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España. Creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan a todos», dijo al ser preguntado sobre los indultos, e insistió en que ese reencuentro compromete a las dos partes porque se han cometido errores por parte de todos.

Los fiscales se han pronunciado en contra de los indultos; previsiblemente, el Tribunal Supremo también se opondrá, y el PP ya ha anunciado que recurrirá la concesión. Pero el indulto es una medida de gracia que solo depende del Gobierno. Las reiteradas señales de que los indultos están sobre la mesa prueban que el presidente se siente fuerte cara al segundo año de mandato tras la aprobación de los Presupuestos. Aunque difícilmente habrá nuevos pasos hasta que se despeje, tras las elecciones catalanas, si el Gobierno tendrá enfrente un interlocutor dispuesto a gestos recíprocos, y hasta que se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a los cambios en la institución de la jefatura del Estado, que Sánchez aseguró que ya se va haciendo desde que Felipe VI sucedió a su padre, en los próximos meses debe haber un nuevo impulso en ejemplaridad, transparencia y modernización de lo que debe ser una monarquía parlamentaria constitucional adecuada a la España del siglo XXI. Sería bueno que esa adaptación alcanzara a la reforma de la inviolabilidad para que solo los actos relacionados con la jefatura del Estado tuvieran esa condición, y no los asuntos privados. A esta reforma, que puede ser una autorregulación o una ley que regule la institución, se sumó el PP, en la única concesión al entendimiento más allá del balance catastrofista que hizo Pablo Casado sobre el mandato de Sánchez.

El presidente del Gobierno fue menos convincente al minimizar las discrepancias con su socio, Unidas Podemos (UP), cuando aseguró que el Ejecutivo sale de este año tan complejo «más fuerte y más unido». Una cosa es garantizar la continuidad del Gobierno de coalición, que pocos ponen en duda, y otra minimizar las divergencias sobre el salario mínimo -el Consejo de Ministros lo dejó intacto en 950 euros, en contra de lo que pedía UP-, el poder judicial, la monarquía o la inevitable reforma de las pensiones. Aunque integren un solo Gobierno, Sánchez y Pablo Iglesias deberían rebajar las tensiones para que la legislatura no se convierta en un sobresalto continuo.