Por primera vez en 40 años de democracia, España está a las puertas de desarrollar su primera ley de vivienda. En un país donde el drama de los desahucios ahoga a miles de familias y donde las generaciones más jóvenes ven frenados sus deseos de emancipación por unos alquileres inasumibles para ellos -y también para los no tan jóvenes- esta es una oportunidad que no hay que dejar perder. La responsabilidad de los políticos para llevar adelante esta ley es tan grande como el problema que aborda. Por eso, resulta chocante ver cómo las discrepancias entre los dos partidos que son socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, están bloqueando una legislación muy necesaria. El gran escollo está en la limitación o no del precio del alquiler y en cómo hay que intervenir en este mercado. Un punto que no es menor, pero que ha desencadenado una nueva batalla política en la que parece más importante marcar terreno que alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la población.

Para situar en su contexto el enésimo rifirrafe entre socialistas y morados, no hay que olvidar que la Comunidad de Madrid celebra elecciones el próximo 4 de mayo. Y que el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, concurrirá a los comicios como candidato de Podemos. Nada le resultaría más favorable que dejar el Ejecutivo habiendo logrado una de sus grandes bazas, que se limite el precio de los alquileres. La última propuesta del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el socialista José Luis Ábalos, no va en ese sentido, sino en la vía de las deducciones fiscales, lo que ha despertado la indignación de los representantes de Podemos en lo que consideran un «inclumplimiento» del pacto de gobierno. Las declaraciones del líder morado contra el PSOE, o de la ministra Irene Montero insinuando que la actual propuesta solo saldrá adelante con el apoyo del PP, lo que significaría un «cambio de socio», muestran una rigidez que puede servir para definir perfil ideológico, pero no ayuda en la negociación.

No sería muy eficaz aprobar una ley maximalista pero que no consiga su objetivo, bien porque sea recurrida por posible inconstitucionalidad, o bien porque al imponer un control a los precios del alquiler, los arrendatarios decidan poner sus pisos a la venta, reduciendo más la oferta de alquiler.

Por el contrario, la idea de bonificar a los arrendatarios que accedan a rebajar los precios en las zonas más tensionadas o para menores de 35 años, como propone el PSOE, salvaría el rechazo de la imposición, protegería la seguridad jurídica del propietario y podría conseguir la función que pretende, que no es otra que facilitar el acceso a una vivienda asequible. La futura ley debe ser un marco estable, de consenso y duradero, y para que así sea hay que debatir sobre la política de vivienda, y no hacer política a costa de la vivienda.