La reciente aprobación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática se basa en cuatro principios fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación y el deber de la memoria. Y, tal y como dijo el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sus objetivos son la recuperación y salvaguarda de los valores democráticos y el reconocimiento de las víctimas del golpe de Estado fascista y de la dictadura franquista. Aunque no se refiera estrictamente al mismo período histórico y aunque tenga otras finalidades, la propuesta de reforma de la ley de Secretos Oficiales anunciada por el Gobierno después de distintas tentativas parlamentarias del PNV, establece paralelismos en un intento de normalización de una práctica que, en definitiva, también afecta a la propia esencia de un estado transparente. Como ha declarado el diputado peneuvista Mikel Lagarda, «el estándar democrático es que el paso del tiempo desclasifica», un argumento que va a favor de la reconstrucción histórica fidedigna de acontecimientos recientes, de la reparación de posibles injusticias cometidas y del conocimiento de los detalles diplomáticos, militares, policiales, económicos y políticos que han jalonado nuestra historia en los últimos años, desde episodios como el de la represión extrajudicial en la Guerra Civil a la Marcha Verde, las relaciones en plena dictadura con los Estados Unidos o el terrorismo y el contraterrorismo de los GAL, por citar solo unos cuantos. 

La actual legislación sobre los secretos oficiales se retrotrae a una ley franquista de 1968, reformada levemente en 1978, que, en esencia, es retrógrada y generadora de situaciones incomprensibles para nuestra época por cuanto no fija un plazo de liberación de documentos. De esta manera, como han denunciado repetidamente diversos historiadores, se dan casos o bien de discrecionalidad sin argumentos específicos o incluso de desapariciones y ocultaciones de los papeles. Es preciso, pues, para calibrar la salud democrática del país, que se imponga un criterio explícito en relación a los protocolos de transparencia. De aquí la relación entre ambas leyes, la de Memoria Democrática y la de Secretos Oficiales, ya que estamos hablando de momentos históricos relacionados no solo con la Transición y la llegada de la democracia, sino también con hechos de la dictadura. Saber más sobre los entresijos del poder debe servir para fiscalizar su actuación pasada pero también para sentar las bases de un futuro respetuoso con los derechos fundamentales.

La tramitación de la ley se prevé larga y con dificultades, porque se pisa un terreno pantanoso. Desde las dudas en el seno del propio Gobierno a la prevención corporativa de las estructuras del Estado, pasando por la posibilidad de que determinados secretos tengan que ver con operaciones aún en curso, la reticencia es notoria en una sociedad acostumbrada demasiado tiempo al oscurantismo y con tics antidemocráticos. Con el control judicial pertinente y adecuándose a las características habituales en estos casos en las sociedades avanzadas, España debe poder dotarse de un instrumento nítido y efectivo de verificación y claridad, a favor de la verdad histórica.