Editorial
La realidad es hoy Almaraz
Ni España puede prescindir aún de la nuclear, ni Extremadura perder la planta sin alternativas

Imagen de archivo de la central nuclear de Almaraz. / El Periódico Extremadura
El gobierno español ha decidido sobre la bocina prolongar la vida útil de la central de Almaraz con la que se iniciaba el calendario de cierre de las plantas nucleares en nuestro país. Se trata de una corrección a su propia estrategia energética, acordada con las empresas del sector en 2019.
El hecho de que la fecha tope de 2035, cuando España dejaría de producir energía nuclear, no se haya visto modificada con la decisión publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado permite al PSOE de Pedro Sánchez defender que sigue intacta su hoja de ruta, pero ello ni ha sido suficiente para evitar las críticas de Sumar y otras fuerzas de izquierda como las agrupadas en nuestra región en Unidas por Extremadura, ni tiene visos reales de que se pueda mantener tras la prórroga de Almaraz hasta 2030 porque supondría cerrar cuatro reactores de golpe en el territorio, junto con los de Ascó I y Cofrentes, programados para ese mismo año.
Se puede decir, por tanto, que existe un cambio en la política que el propio gobierno considera casi obligado por el contexto energético global y que justifica por las coyunturas geopolíticas internacionales, en particular las de Oriente Medio y la guerra de Ucrania, con sus consecuencias sobre los precios energéticos, de modo especial el del gas.
A la espera de que pase la excepcionalidad del momento, el ejecutivo ha acordado un prórroga muy limitada para los dos reactores de Almaraz, condenados a parar en 2027 y 2028 en el calendario inicial, que ha sido acogida en la comarca más afectada de Campo Arañuelo con júbilo, pero que cualquier análisis más pausado apunta que es insuficiente para garantizar el bienestar económico de los municipios del entorno. Se trata pues de ganar tiempo desde el punto de vista de la comunidad extremeña, que ha venido manifestándose de forma muy mayoritaria a favor de la continuidad de la central nuclear, incluso cuando las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) dejaban traslucir sus dudas sobre si Almaraz seguía entrando en sus planes de negocio, muy centrados al mismo tiempo en una expansión muy potente en el campo de las renovables.
Las explicaciones en las que el gobierno basa su decisión de prorrogar la vida útil de Almaraz (se reconoce, por ejemplo, que se trata de instalaciones seguras, capaces de seguir activas con plenas garantías, como ya anticipó el Consejo de Seguridad Nuclear) no hacen mención a esta circunstancia, el rechazo social de los extremeños a perder su mayor industria, ni al impacto negativo que supondría su cese para la comarca, y solo apela a las empresas propietarias para que se impliquen con «alternativas industriales y de empleo» en el entorno de Almaraz para garantizar una transición justa, petición que en todo caso también debería aplicarse en primera persona el gobierno central, así como el resto de las administraciones. Las alternativas conocidas hasta el momento, la gigafactoría y los centros de datos de Merlin, son hoy por hoy proyectos bien dirigidos, pero a los que aún resta tiempo para convertirse en una realidad palpable, un reto en el que hay que seguir trabajando con independencia del futuro de Almaraz.
De cualquier forma, la decisión de que se prolongue su vida útil supone un éxito para quienes desde la sociedad civil, a través de plataforma, y desde el ámbito de las instituciones (Junta, Diputación, ayuntamientos) y la política (también en este caso el PSOE extremeño ha defendido que Almaraz siga, mientras el PP ha hecho una defensa nítida de la prórroga incluso mucho más allá del 2030 y de la energía nuclear en general) se han posicionado en contra de la política gubernamental, con un calendario de cierre con más carga ideológica que base real sobre las posibilidades de prescindir por completo de este tipo de energía. Ni parece que España pueda olvidarse todavía de la fuerza nuclear para garantizar su suministro, ni menos aún Extremadura puede quedarse quieta cuando se planea que pierda una fuente de ingresos. Siempre que se opere con la total y exigente seguridad que requiere su funcionamiento.
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