La silla vacía de Vox en Madrid

El filósofo José Antonio Marina repite a menudo en sus intervenciones que, en contra de lo que se suele afirmar, no todas las opiniones son respetables, sino que lo que se debe respetar y defender para un buen ejercicio de convivencia es el derecho que tenemos a poder opinar, la libertad de expresión y de pensamiento. Luego, matiza el profesor, hay opiniones que pueden resultar ofensivas o simplemente carentes de rigor; por tanto, no todas las opiniones merecen un respeto.

Pero el poder defender posiciones, criterios, argumentos o ideologías es algo a lo que no deberíamos renunciar, adquieran o no luego ese nivel de respetabilidad, y menos aún por parte de unos representantes públicos elegidos por los ciudadanos precisamente para que defiendan sus opiniones e intereses, y cuyo trabajo radica en estar presentes en los foros y organismos donde se adoptan las decisiones que nos conciernen a todos.

En cambio, son ya varias las ocasiones, ante distintas convocatorias de diferentes ministerios, en las que la Junta de Extremadura deja en Madrid su silla vacía, particularmente cuando se trata de decidir sobre responsabilidades que en la región son gestionadas de forma directa por Vox.

El partido de Santiago Abascal, con el vicepresidente Óscar Fernández Calle en el ejecutivo extremeño como cabeza más visible, entiende cada a asunto de discrepancia política, legítima y normal, como la oportunidad de diseñar su propia 'perfomance' y de convertirse en un partido que juega a ser antisistema viviendo sin embargo dentro y del propio sistema. Es difícil concluir que los ciudadanos los hayan elegido para esa manera de hacer política que está demostrando Vox, más pendiente de escribir un ‘tuit’ que de defender en el foro convocado su opinión sobre el tema a tratar. Lo mismo que se defiende de forma tan intensa en las redes merece ser dicho sobre todo en las mesas de trabajo correspondientes si se trata de tomarse la gestión pública en serio. Y que ahí defienda lo que considere.

Esta semana, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se acordó destinar 25 millones de euros a Ceuta ante la crisis migratoria, se celebró sin la asistencia del representante extremeño. Solo faltaron, además, los de Aragón y Castilla y León, cuyos gobiernos autonómicos también han dejado en manos de Vox los servicios sociales y la atención a los menores. A comienzos del verano, mucho antes de los sucesos de Ceuta, ya faltaron a otra convocatoria, de modo que se hurta la posibilidad de que la voz extremeña se escuche más allá de la frase ocurrente en internet o de la carta al uso.

El peso de la democracia avala a Vox, y lo que debería hacer es utilizarlo. Una parte considerable de los ciudadanos extremeños, en una tendencia compartida por los de otras comunidades autónomas con elecciones recientes, y según las encuestas también en el conjunto nacional, deposita en esta formación su confianza como la mejor forma de canalizar sus actuales inquietudes. Se trata de la coyuntura política que nos toca vivir aunque, como sostiene Marina, no todas las opiniones adquieran por sí mismas la condición de respetable. Pero de lo que no hay que hacer dejación es de expresar las opiniones en el lugar correspondiente, de modo especial si se trata de gobernantes públicos en los que los ciudadanos han confiado para que les representen, y que están obligados a no confundir el ejercicio de la oposición con el desplante ni la contundencia de sus posiciones con la búsqueda del eco digital.

La actitud de Vox coloca en un difícil equilibrio al PP extremeño que sostiene la base del gobierno autonómico. Mientras los representantes populares de las otras regiones apoyaron el trasvase de fondos a Ceuta, Extremadura, y las otras dos comunidades antes mencionadas, formalizó movido por Vox el rechazo a una medida concreta que en realidad comparte, como hicieron sus compañeros de Madrid o Andalucía. Se trata de una cuestión de otra dimensión política que corresponde a ambos partidos ir ajustando como socios de gobierno.