Denuncian a dos asociaciones de vecinos de Plasencia por jugar al bingo

Dos asociaciones de vecinos, Río Jerte y El Pilar-Plaza de Toros, han recibido con sorpresa y preocupación una notificación de denuncia de la Consejería de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Extremadura, en la que se les informa de que han cometido una "infracción muy grave" al acoger partidas de bingo en sus sedes vecinales. El escrito advierte de que han incumplido la Ley del Juego de Extremadura y el reglamento del juego del bingo de la comunidad autónoma y les informa de que tienen un plazo de diez días, desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para presentar las alegaciones y documentación oportunas. También señala que esta infracción puede conllevar una sanción de hasta 600.000 euros.

Tanto el presidente vecinal de Río Jerte, Antonio Gil, como del Pilar, Javier Jiménez, quisieron dejar claro ayer que el bingo que se juega en sus sedes no es una actividad con ánimo de lucro. "Pagan diez céntimos el cartón y sale como a 1,20 euros la línea y a 4,60 euros el bingo. La asociación no se lleva nada y encima nos cuesta dinero, porque tenemos que pagar los cartones, las fichas, las bombonas de butano para la calefacción", explicaba ayer Antonio Gil. De idéntica forma se hace en El Pilar, con un máximo de dos cartones por persona a 10 céntimos cada uno y la asociación "sin llevarnos nada y pagando el material".

Ninguno entiende que se pueda jugar al bingo en los hogares de mayores y no en las sedes vecinales y defienden que realizan una función social porque "los vecinos mayores no saldrían de casa si no es por esto".

Consideran que la medida es "desproporcionada. Nos ponen como a delincuentes", se queja Gil. "Podrían haber venido y habernos advertido antes de que estaba prohibido y lo habríamos quitado, pero han venido al aquí te pillo aquí te mato. Yo no tengo un hogar del pensionista, ¿qué hago con los mayores?¿Los echo?", se preguntaba ayer Jiménez. De momento, desde la notificación, ya no se juega al bingo en sus sedes vecinales.

Gil subraya además que ninguna de las actividades de su asociación se cobra. Jiménez recuerda además que la directiva "no cobra nada". Están preocupados porque no podrían afrontar la multa y Jiménez avisa incluso de que "si esto sale para adelante, dejo la asociación y la directiva dimite al completo".

Ambos piden al ayuntamiento que medie con la Junta y les apoye, ya que los edificios que ocupan son municipales y "conocen nuestras actividades".