La justicia ha dado un balón de oxígeno a los vecinos de Santa Bárbara, en Plasencia. Cuatro de ellos estaban hoy citados en un juicio en el juzgado de lo Penal por un delito contra la ordenación del territorio al levantar sus viviendas ilegalmente, pero la fiscalía y las defensas han llegado a un acuerdo de reducción de penas y el magistrado juez adscrito al juzgado de lo Penal número 1 les ha concedido un plazo de 3 años y 6 meses para poder regularizar sus viviendas.
De momento, la sentencia, firme porque todas las partes han manifestado que no la recurrirán, es condenatoria, porque el delito ha existido y existe actualmente al no haber derribado las casas. No obstante, fiscalía y defensas han llegado a un acuerdo por el que las penas se reducen considerablemente. Así, la fiscalía pedía dos años de prisión para cada uno y una multa de 10 euros al día durante 20 meses y en el juicio ha cambiado su calificación para pedir 4 meses de prisión y una multa de 5 euros al día durante 9 meses, además de inhabilitaciones por 4 meses. Todo esto, condicionado, como les ha advertido el juez en varias ocasiones, al derribo de las viviendas.
Ahora bien, en el mismo juicio, las defensas han pedido la suspensión de la ejecución de la pena porque los propietarios han iniciado un proceso de regularización en el ayuntamiento y ante este “compromiso de las partes a legalizar”, el juez les ha concedido la suspensión provisional por 3 años y 6 meses.
Así, los propietarios han salido satisfechos con el resultado de un juicio en el que no han tenido que declarar los testigos y peritos, entre ellos el asesor técnico de los vecinos de la sierra, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, que también ha manifestado su satisfacción por la “comprensión” del juez y la fiscalía y ha recalcado que el proceso de regularización es “real y posible” en un tiempo que considera “más que suficiente”.
