Siete mujeres han pasado por los pisos para víctimas de maltrato

Las viviendas dependen del Instituto de la Mujer de Extremadura, dependiente a su vez de la Junta, quien señala que la finalidad de este recurso para las víctimas y sus hijos es, «prioritariamente, la inserción formativa y laboral, mientras se trabajan otras áreas (jurídica, familiar, psicológica, social) desde otros servicios».

Según informó en el 2017 la administración regional, la idea es que las mujeres permanezcan en estas viviendas un máximo de nueve meses, con posibilidad de ampliación a doce. Precisamente para favorecer su inserción laboral, deben firmar un contrato en el que se comprometen a seguir un itinerario de inserción sociolaboral.

Estas viviendas son un paso más, que se suma a las Casas de la Mujer que la Junta tiene en la región y que son centros a los que se deriva a las víctimas en un primer momento cuando necesitan huir de su agresor.

Además, según explicó ayer la concejala de Igualdad, Mayte Díaz, el ayuntamiento cuenta con otro recurso intermedio, un centro de emergencia, en el que la mujer puede permanecer «unas horas», en casos de máxima prioridad porque su vida corra peligro y tenga que salir de su casa y mientras espera la derivación a una Casa de la Mujer. En este caso, el centro de emergencia de Plasencia «no ha tenido que ser utilizado nunca porque en un caso, el juez agilizó mucho el trámite y se derivó a la mujer» a una casa de la Junta.

Así, las viviendas de estancia media serían el siguiente recurso, para mujeres que ya no están en una situación de riesgo extremo, pero necesitan apoyo para reinsertarse social o laboralmente, porque también pueden recibir ayudas de la Junta y tienen prioridad a la hora de recibir una vivienda social.

Según los últimos datos facilitados tras la mesa local de coordinación de julio, 95 mujeres habían denunciado violencia de género, entre ellas tres menores.