"La ley nos ampara, dice que nuestras casas se pueden regularizar, pero me la van a tirar porque esto no avanza". Lo afirma uno de los vecinos de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia que tiene orden judicial de derribo. Tanto él como los que continúan pagando multas coercitivas y tienen procesos judiciales abiertos están «desesperados» porque la tramitación de la regularización no avanza mientras la de La Vinosilla ya ha pasado por pleno.

«Lo nuestro es impresionante, ya no sabemos qué hacer», afirma Ladislao Granado, presidente de la asociación de afectados de la sierra. Porque en septiembre se entregó en el ayuntamiento la documentación para iniciar los trámites de legalización en base a la nueva Ley del Suelo de Extremadura, pero esta documentación sigue encallada en el consistorio.

«Según la Ley, en quince días debería haber estado enviada a la Junta, pero no tenemos nada. Nos dicen que están en ello, pero no hay avances y al final van a tirar las casas», lamenta Granado.

De hecho, han recibido una notificación de la Junta informándoles de que podrán realizar los trámites medioambientales de forma simplificada, más rápidamente, pero también les avisa que, hasta que la documentación no sea remitida por el ayuntamiento, el proceso no podrá comenzar.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha señalado que «los técnicos tienen instrucciones de enviar la documentación relativa a medio ambiente hace ya más de un mes». Sin embargo, explica que la carga que trabajo que tienen y los días festivos no han ayudado a agilizarlo y espera que «en este mes se pueda avanzar».

Pero tiempo es lo que le falta a los vecinos con órdenes de derribo. Recurrieron el último auto, de septiembre, que les daba tres meses para tirar sus viviendas, y están a la espera de respuesta.

«Si tuviéramos un papel de que se pueden regularizar, se lo llevaríamos al juez. No tengo mucha esperanza y yo soy un obrero, invertí mis ahorros y sé que hicimos mal, pero ahora la Ley nos ampara y, si me la tiran, todavía me faltarían diez años para pagarla».