El 30 de junio del 2019, el centro de menores de Valcorchero en Plasencia cerró sus puertas para iniciar un proceso que culminará con el Centro de Recuperación Zagal para menores con problemas de conducta en la región. Estaba previsto que este recurso se pusiera en marcha en el 2020, pero no lo hará hasta el 2023.
Es la previsión que maneja la Consejería de Sanidad para la culminación de unas obras que tendrán un valor de unos 11 millones de euros. En concreto, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la licitación de la reforma integral, por 11.081.409,69 euros. La intención de Sanidad es que los trabajos comiencen este año y la consejería ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Plasencia al proyecto y con la licencia de obras necesaria, aprobada en la junta de gobierno municipal.
Desde el cierre, el centro "se ha mantenido y se mantiene como recurso de convivencia en grupo educativo para formación de profesionales", un estadio intermedio concebido como "experimental y temporal", según señaló la consejería en el 2019.
Sin embargo, para el alcalde placentino, Fernando Pizarro, las obras llegan "con mucho retraso porque los trabajadores llevan varios años diseminados y el centro sin uso". No obstante, ha destacado que se trata de "una inversión muy importante" y espera que la adjudicación pueda recaer en empresas de la zona.
La reforma
La Junta ha explicado que el centro data de 1983 y está ubicado en una parcela de 106.986 metros cuadrados. Respecto a las obras, señala que son necesarias para el normal funcionamiento de los servicios básicos y consisten fundamentalmente en "actuaciones sobre elementos de las edificaciones que presentan deterioros importantes y dificultan el mantenimiento, así como la mejora de las condiciones de habitabilidad e intervenciones en elementos de seguridad y salubridad, todo ello con el objetivo de adecuar y modernizar las instalaciones".
Cuando estén concluidas, Zagal acogerá a menores de entre 12 y 18 años, en situación de guarda o tutela de la Junta y que presenten conductas «disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros».
