Para las familias que iniciaron el proceso judicial, el hecho de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Plasencia haya dictado el archivo de la causa abierta contra el contra el que fuera director de la residencia para enfermos de alzheimer Los Pinos, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia, ha caído como un jarro de agua fría.
«La justicia ha pasado de largo», lamenta el portavoz de las familias demandantes Félix Pérez, quien considera que el juez instructor «no lo ha hecho bien; no ha querido solicitar más pruebas, pese a que hablamos de vidas humanas; y merecería una investigación más atenta, porque de 90 usuarios, más de 20 fallecieron por covid».
En este sentido, el portavoz subraya la «desviación importante de datos» que arroja este centro con respecto a la media nacional: «si el promedio de fallecimientos a nivel nacional en residencias está en un 6%, aquí se superó el 20%, y solo durante la primera ola», apunta Pérez.
Por eso, las familias no están dispuestas a olvidar esta batalla (que han trasladado a Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo), pese a que «hay un número elevado de jueces que desisten de seguir investigando los hechos acaecidos en residencia durante la pandemia».
Un hecho objetivo, puesto que la mayoría de las causas contra centros asistidos se están archivando en España (y solo en junio, la Fiscalía llegó a tramitar 113 causas penales).
Esto lleva a las familias a pensar que «no se ha tomado la iniciativa para obtener más datos». Lo que implica que «el asunto de las residencias va a pasar por alto, y no se tomarán medidas para que algo así no vuelva a suceder».
De hecho, el auto se ciñe a la «pormenorizada declaración» de una enfermera y un médico del centro que «impide hablar de culpa penalmente relevante por parte del director de la residencia. Las decisiones que adoptó el centro directivo respondían a pautas médicas, sin producirse ninguna interferencia en la labor de los sanitarios».
Es más, el auto explicita que el «se hizo lo que se pudo» por atender a los fallecidos y en su muerte «no intervino imprudencia de persona alguna».
Además, destaca que «hay que tener en cuenta que el SEPAD no es un hospital, sino un centro residencial, y que fueron adoptadas las medidas que eran médicamente adecuadas en atención a las circunstancias que se fueron dando.
Pero el portavoz incide en que el sistema de supervisión en Los Pinos «fue insuficiente y su funcionamiento deficitario».
REACCIÓN DE VERGELES
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Vergeles, ha calificado esta semana de «positivo» el archivo de la causa.
En una comparecencia pública trasladó sus condolencias a las familias que han perdido un ser querido, aunque celebró el auto por los profesionales que desempeñan su labor en las residencias de mayores, según informa Europa Press.
Vergeles apuntó que, como consejero, conoce las preocupaciones y sentimientos de estos profesionales, de los que ha reconocido su entrega, aunque ha considerado, por otro parte, «normal» que haya familiares que tengan dudas y recurran a la vía judicial.
