Un informe del Sepad del 11 de junio afirma que 23 muertes pudieron producirse a causa del covid en la residencia Los Pinos de Plasencia. A finales de julio, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 decretó el archivo de la querella que habían presentado seis familias de fallecidos en noviembre del 2020 por considerar que el exdirector del centro, contra el que iba dirigida la querella, no fue responsable de las muertes y se tomaron las medidas adecuadas. Ahora, esas mismas familias han decidido seguir adelante y acudir al tribunal Contencioso Administrativo porque "la gravedad de los delitos contra los derechos humanos y el número tan elevado de muertes de la residencia nos impiden conformarnos con terminar la vía judicial".

Según explica Félix Pérez, portavoz de las familias, tienen un doble objetivo. Por un lado, "que la administración responda y sea consciente de sus errores", lo que les lleva al segundo objetivo: "Que no vuelva a ocurrir, que la administración sea responsable y haya cambios, que reconozcan los fallos y cambien".

Por eso, Pérez pidió ayer en nombre de las familias a su abogado, Marco Antonio Tobías, del despacho Pita & Broncano de Cáceres, que inicie el procedimiento contencioso administrativo.

Pérez insiste en que "el dinero nos da igual" y "la manera tan trágica de morir" que tuvieron les llevará además a mantener su reclamación ante el Defensor del Pueblo y ante Amnistía Internacional. Además, y a pesar de que no quieren que este asunto se convierta en partidista, han decidido hablar con los diferentes partidos políticos, comenzando por el PP y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Lo que quieren es "que no se olvide y tengamos una idea de cuáles han sido las responsabilidades".

Pérez se ha dirigido públicamente al resto de las familias que perdieron a un ser querido en esta residencia para abrirles las puertas si quieren sumarse a este nueva iniciativa judicial.