Iba a meter algo en el trastero cuando descubrió que le habían cambiado el bombín y su llave ya no valía. «Pensé que se me había metido un okupa». Es lo que le ocurrió a una inquilina de los pisos que la Sareb tiene en la calle Luis Vélez de Guevara de Plasencia, en El Pilar. Iba a denunciarlo, pero decidió preguntar primero a la comercializadora de la Sareb y, aunque al principio le dijeron «que no sabían nada», finalmente resultó que habían sido ellos por error.

«Como les dije que les iba a denunciar por invadir mi intimidad, se dieron prisa en traerme un juego de llaves nuevo y me pidieron disculpas», recuerda la vecina, pero «estuvimos una semana con miedo a que hicieran lo mismo en la casa y tenemos dos perritas».

Consideran que es un método más de presión para que abandonen las viviendas. «Nos están metiendo miedo y tomando el pelo», afirma una de las inquilinas.

Porque este cambio de cerraduras que han sufrido varios vecinos aún arrendatarios se ha sumado a las cartas con el aviso de la finalización del contrato que denunciaron el pasado verano.

Todo lo ha recogido otro vecino en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, en el que señala que, en cuanto los pisos, que eran de una constructora, pasaron a la Sareb, empezó su «calvario». 

Denuncia un trato «oscurantista» y «falta de transparencia» y subraya que «se están abandonando los pisos por un supuesto ejercicio por parte de la propiedad de abuso de poder». En este sentido, los vecinos señalan que muchas viviendas tienen humedades y goteras. «Yo llevo un año con ellas. He tenido que poner hasta cubos y todavía no han venido a arreglarlo», explica una afectada.

También las hay en el garaje y en algunas zonas «la tarima está sin terminar de poner».

Pero a pesar de todo, los vecinos quieren comprarlas, aunque a precios «justos» y no entienden por qué a unos se les ha concedido una prórroga del contrato de alquiler por un año y a otros no.

El vecino que ha recurrido al Defensor del Pueblo le pide una prórroga sine die; contratos con opción a compra y una comisión de investigación que «analice el modus operandi de la Sareb y sus comercializadoras y contratas».