El caso de una mujer que denunció públicamente violencia obstétrica por un aborto, «no es el único, hay muchos más, pero la mayoría quieren guardar el anonimato porque tienen miedo de ser señaladas y se tiene a los médicos endiosados».
Lo afirma Tamara Trancón, presidenta de la asociación para la crianza respetuosa Amamar, que asegura que la objeción de conciencia en caso de aborto más allá de las 12 semanas es «algo del SES, no se hace en ningún hospital público de Extremadura y me parece una burla, una vergüenza porque hay una ley, el hospital está obligado a ofrecer ese servicio y, si ningún médico quiere, tendría que venir otra persona de fuera».
Esto no ocurre, pero además, Trancón critica que no exista «apoyo psicológico, no hay servicio de psicología ni de psiquiatría. Los médicos intentan quitarle hierro al asunto, pero a una mujer han llegado a reñirla porque estaba llorando demasiado».
Asegura que tampoco se aplica el protocolo de duelo «aprobado por el SES en el 2015. Ni si quiera permiten a la pareja estar con la mujer y no es por el covid porque antes tampoco se hacía».
Del mismo modo, no está financiado un estudio genético para averiguar las causas del aborto. «Si alguna mujer quiere hacérselo, debe ir a un privado. A una mujer le dijeron que había sido un problema de coagulación de la sangre y en el segundo parto ya no hubo problema».
Y otra queja de las madres que han sufrido abortos es que ocupan camas en la planta de Maternidad, «junto a otras madres que han tenido bebés. Una mujer me dijo que había sido horrible y tenía pesadillas pensando que el bebé que lloraba a su lado era el suyo muerto».
