En julio del año pasado, los propietarios de viviendas en la sierra de Santa Bárbara presentaban en el ayuntamiento y enviaban a la Junta el grueso de la documentación para regularizar un total de 180 viviendas. El siguiente paso era conseguir el informe ambiental favorable de la Junta y la previsión era que, en un año, todo el proceso para legalizar las construcciones hubiera finalizado. Pero no será así porque la Junta aún no ha dictado su informe ambiental.
Según ha explicado el arquitecto asesor de los vecinos, Juan Antonio Álvarez, la administración regional ha solicitado numerosos informes, incluido uno a Salud Pública para conocer si los propietarios están adscritos a algún centro de salud.
Por lo tanto, siguen a la espera y, una vez que llegue la declaración, que confían en que sea positiva, el ayuntamiento tendrá que aprobar los planes especiales ya presentados en el consistorio y después el proyecto de reparcelación, que permitirá ya la legalización.
Mientras, el portavoz del colectivo de propietarios, Ladislao Granado, ha señalado que «las multas siguen llegando porque los expedientes están creados, aunque se están recurriendo todas y muchas se han anulado porque se ha ganado el 90% de los juicios». Aún así, no entiende que sigan poniendo multas cuando están en pleno proceso de legalización.
