Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Ahigal han investigado a un vecino de Plasencia, responsable de una empresa de tratamiento autorizado de residuos, como presunto autor de un delito de receptación de cables de telefonía robados.

La investigación, que no detención, ha sido fruto de una operación por la que se ha detenido a 4 personas e investigado a 3, como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada al robo de cableado de cobre, procedente de líneas telefónicas.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, la investigación, enmarcada dentro del Plan nacional contra el robo de cobre, comenzó en marzo, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por la autovía A-66 y en el que viajaban dos hombres, vecinos de Béjar (Salamanca),transportando cerca de 300 kilogramos de cableado de cobre pertenecientes a líneas telefónicas y "cuya legal procedencia no pudieron justificar".

Así comenzó la Operación Mangucha, que permitió averiguar que, en el sur de la provincia de Salamanca, se habían producido diferentes sustracciones de cableado telefónico, siendo el denunciante de todas ellas una empresa dedicada a la instalación de líneas telefónicas. 

Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Béjar, los agentes practicaron distintas pesquisas y averiguaron que "una empresa autorizada para la gestión de residuos, ubicada en la localidad de Plasencia, pudiera estar dedicándose a recepcionar el cableado telefónico que era sustraído".

Con todo, los agentes han detenido e investigado a 7 personas (4 hombres y 3 mujeres), residentes en Béjar, como presuntas autoras de un delito de pertenencia a organización criminal y de al menos 11 delitos de robo de cableado telefónico cometidos desde agosto en el sur de la provincia de Salamanca y también han investigado al vecino de Plasencia por un presunto delito de receptación del material robado.

Como consecuencia de los robos de cable se vieron afectados un total de 217 usuarios de líneas telefónicas, lo que además supone "un alto coste para las compañías telefónicas afectadas, por la reparación y sustitución del material sustraído".