Ya no hay vuelta atrás. El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado una batería de trámites para finalizar su relación con la empresa Joca, que resultó adjudicataria de la obra de conversión de los pabellones militares en residencia de mayores en el 2018. En el pleno extraordinario y monográfico celebrado este miércoles, el portavoz del gobierno, José Antonio Hernández, ha anunciado un nuevo expediente sancionador, el tercero desde el inicio de las obras y otras medidas que se suman al inicio de la resolución del contrato.
Según ha explicado Hernández, la nueva multa propuesta para la empresa será de 156.000 euros por 86 días de retraso, que se sumarían a los 63.769 euros anunciados en julio por otros 35 días de demora. Además, en mayo del 2020, el pleno aprobó una sanción de 53.000 euros por incumplir la cláusula de tener contratados a 15 parados de larga duración durante la ejecución.
En este sentido, el edil ha señalado que se ha acordado la incautación de la fianza, de 300.000 euros, lo que cubriría todas las sanciones. Además, se ha decidido dar parte de lo ocurrido a la junta consultiva de contratación por si la empresa «puede estar incursa en prohibición de contratar» y solicitar una indemnización por daños y perjuicios, ante la posibilidad de perder fondos europeos.
Fondos europeos, hasta abril del 2024
Sobre esto, Hernández ha explicado que, aunque inicialmente los fondos debían estar justificados el 31 de diciembre de este año, el ministerio ha ampliado el plazo hasta abril del 2024, ya que la pandemia, la guerra, la subida de precios y otras cuestiones han retrasado las obras en todo el país. No obstante, el gobierno local espera que se produzca una nueva ampliación de los plazos.
Todo se suma al inicio del expediente de resolución del contrato, basado en los impagos a los proveedores, que los técnicos calculan en 82.000 euros y por el despido de los 15 trabajadores el 6 de septiembre, cuando cumplió la segunda prórroga.
Preguntado por la oposición por el porcentaje de ejecución de las obras, el edil ha dicho que se han certificado 1, 7 millones de los 3,6 presupuestados, es decir, el 47,2% y faltan por certificar 1,9 millones.
Así, el gobierno local ha encargado ya a la dirección facultativa «un nuevo proyecto de obras con las que quedan pendientes para proceder a licitarlo, una vez se disponga de crédito. Tenemos que partir de cero», ha dicho Hernández.
Mientras, Joca ha presentado alegaciones a la resolución del contrato -que pidió antes por no lograr una revisión de precios- y la comisión jurídica regional deberá pronunciarse, antes de que se tome una decisión en el pleno.
