Acusación particular
Los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia pedirán una indemnización
Sus abogados harán una reclamación por las consecuencias civiles y penales por el fallecimiento de la niña
El padre ha presentado una denuncia por haber recibido amenazas de muerte

Concentración en Plasencia por la muerte de la menor en el tiroteo entre familias /

Además de solicitar la pena que consideren para los culpables del asesinato de su hija, la pequeña de dos años que falleció como consecuencia del tiroteo ocurrido en el barrio de San Lázaro de Plasencia, los padres de la niña pedirán también una indemnización.
Es una medida habitual en estos casos, ya que los padres tienen derecho a realizar una reclamación por las consecuencias civiles y penales de la muerte de la menor.
Acusación particular
Los padres han cambiado de abogado recientemente y han contratado al bufete del reconocido Marcos García-Montes (abogado de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho). Este viernes, una de sus abogadas, Ana Moraza, ha acudido con los padres de la niña al juzgado para oficializar la personación del despacho en el caso como acusación particular y favorecer el denominado "ofrecimiento de acciones" a los padres como "víctimas del asesinato de su hija".
En cuanto a la petición de la pena para los acusados, actualmente seis miembros del clan de los 'Loletes', afincados en San Lázaro, que se encuentran en prisión provisional en la cárcel de Topas, en Salamanca, los padres, "muy posiblemente" coincidirán con la pena que solicite la Fiscalía, aunque a veces suelen solicitar una superior.
Piden prisión permanente
Cabe destacar que los padres protagonizaron el pasado abril una concentración en la plaza Mayor, en la que pidieron con pancartas la prisión permanente revisable para los acusados. También han solicitado abiertamente que no se revoque la medida de prisión provisional, como han pedido en un recurso los abogados de los encarcelados, porque consideran que, si salen, "van a matar a mucha más gente".
Actualmente, el juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 les acusa de un delito de homicidio doloso consumado y cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, por la joven de 26 años que resultó herida en un pie.

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia en los juzgados / El Periódico Extremadura
Tribunal del jurado
Además, se contemplan otros delitos de amenazas, riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas para cinco de los encarcelados.
Los delitos más graves han provocado que el juez dictara un auto para transformar las diligencias previas en tribunal del jurado y este viernes estaba prevista una comparecencia, que finalmente no se ha producido por problemas técnicos debido al apagón del pasado lunes. El caso se juzgará en la Audiencia Provincial de Cáceres.
Denuncia por amenazas
Por otro lado, el padre de la niña fallecida, Iván Montaño, presentó el pasado abril una denuncia por amenazas por parte de la familia de los acusados. Según su abogada, también se ha personado en este caso el bufete de Marcos García-Montes por "amenazas de muerte para favorecer la impunidad del asesinato".
Lo que ha denunciado es que les han amenazado a través de una red social para que retiraran las acusaciones.
El bufete intentará la "conexidad" de ambos casos, de forma que las amenazas se juzguen también en la causa del tiroteo, al estar relacionadas.
El suceso
La maquinaria judicial se puso en marcha después de que, sobre las 00.20 horas del domingo 30 de marzo, se produjera un tiroteo en San Lázaro cuando miembros de la familia de los 'Hilarios', vecinos de Gabriel y Galán, acudieron en coche al barrio.
Días antes, un miembro de los 'Loletes' había recibido una paliza por parte de familiares de los 'Hilarios' en un club de alterne y esto habría ocasionado la visita posterior a San Lázaro que terminó con disparos, la niña muerta y la joven herida.
La policía detuvo a un total de once personas, de las que seis están en prisión y otras cinco en libertad provisional, aunque una de estas cumplía un permiso penitenciario y no ha vuelto a la cárcel, por lo que se ha dictado una orden de busca y captura.
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