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Audiencia Provincial de Cáceres

Segunda condena a un constructor en Plasencia: dos años de cárcel por quedarse con dinero de una subcontrata

Acordó por escrito el pago de cinco certificaciones de obras en unifamiliares, pero desvió el dinero a una cuenta propia

El juzgado le ha impuesto también el pago de una indemnización de más de 54.000 euros y una multa de 2.400

Segunda condena a un constructor en Plasencia: dos años de cárcel por quedarse con dinero de una subcontrata.

Segunda condena a un constructor en Plasencia: dos años de cárcel por quedarse con dinero de una subcontrata. / CEDIDA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Si a primeros de mes se hacía pública la condena a dos años de prisión de un constructor en Plasencia por fraude a la Seguridad Social, al no haber pagado las cuotas sociales correspondientes a sus trabajadores durante tres años, ahora otro ha sido condenado a la misma pena de cárcel por quedarse con dinero que debía haber recibido una subcontrata.

El juzgado de Instrucción número 2 de Plasencia ha llevado el caso en primera instancia y, después, las ha remitido a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, que ha condenado al empresario por un delito continuado de apropiación indebida.

Indemnización por el impago

Así, y aunque la Fiscalía había solicitado la pena de tres años, seis meses y un día de prisión, la Audiencia la ha reducido a dos años de cárcel, más la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También le ha condenado a pagar una multa de ocho meses, a razón de una cuota diaria de diez euros, es decir, de 2.400 euros.

A su vez, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la empresa subcontratada con 54.774,60 euros por cuatro certificaciones de obra de viviendas unifamiliares que estaba construyendo en Cáceres. A esta cantidad habrá que sumar, cuando se ejecute la sentencia, una quinta certificación que ha quedado pendiente de aportar documentalmente.

Siete viviendas

Todo porque el acusado subcontrató en el 2022 las obras de estructura y cimentación de siete viviendas. Según señala la sentencia, "el pago de dichas obras a la subcontratista habría de realizarse por la constructora contratista a medida que se fueran realizando" y así ocurrió hasta el mes de junio, en que empezó a no pagar "las cantidades correspondientes a las obras ya realizadas y certificadas por el arquitecto, generándose una importante deuda".

Requerido el pago, en septiembre del 2022, se reunió el acusado con el responsable de la subcontrata y el arquitecto director de la obra y acordaron que el acusado cedería a la subcontrata, en pago de la deuda pendiente, "el importe que habría de recibir de los promotores, correspondiente a cinco certificaciones de obra pendientes de facturar a estos".

Desvió el dinero

Así lo suscribió por escrito. Sin embargo, llegado el momento, cuando recibió el dinero de los promotores, no incluyó el número de cuenta de la subcontrata sino otro de una empresa propia, a la que llegaron los fondos, un total de 54.774,60 euros, correspondiente a cuatro de las cinco certificaciones". El dinero, deberán abonarlo a partes iguales el constructor y la empresa como "partícipe a título lucrativo".

En el juicio, el acusado reconoció haber dejado de pagar a la subcontrata, según dijo, "por problemas económicos que en aquel momento tuvo su empresa, derivados de un impago de un millón y medio de euros por parte de ADIF respecto de unas obras en la línea del AVE que su empresa había realizado, lo que determinó su falta de liquidez y, por ende, que no pudiera pagar a sus proveedores y a las empresas que había subcontratado".

Se ha declarado insolvente

En todo caso, la Audiencia Provincial le considera culpable de un "delito continuado de apropiación indebida" porque, "en un indiscutible fin de lucro" incumplió lo acordado y desvió el dinero a una empresa propia.

El condenado se ha declarado insolvente y puede presentar ahora un recurso de apelación contra la sentencia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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