Orden de alejamiento para familiares de encarcelados por el tiroteo de Plasencia por amenazas de muerte a los padres de la niña fallecida

Ha pasado más de un año del tiroteo en el barrio de San Lázaro de Plasencia que acabó con una niña de dos años muerta y una joven herida. La instrucción que se sigue en los juzgados de la capital del Jerte está a punto de terminar, pero la tensión entre familias no solo no ha disminuido, sino que se ha acrecentado.

Se da la circunstancia de que los padres y otros familiares de la niña fallecida viven en la misma zona que familiares de los seis hombres que se encuentran en prisión provisional desde que fueron detenidos, pertenecientes al clan de los Loletes. En este contexto, el padre de la pequeña ha denunciado amenazas de muerte por parte de dos familiares y tanto él como su mujer han pedido un orden de alejamiento, que el juzgado les ha concedido.

Amenazas desde febrero

Se trata de un trámite judicial, paralelo al caso principal, que lleva el Tribunal de Instancia de la Sección Civil y de Instrucción plaza 3 de Plasencia, al que llegó la denuncia del padre.

La instrucción comenzó en febrero y, según han declarado los padres de la niña, desde entonces "han venido recibiendo distintas amenazas de muerte" que "les han sumido en una situación de intranquilidad y desasosiego".

El auto dictado por el juzgado apunta la existencia de un presunto testigo de estas amenazas que, finalmente, en la vista convocada para dilucidar el caso, "manifestó desconocer la existencia de amenaza alguna". Sin embargo, considera que ese testimonio "ha de ser valorado con cautela".

Niegan las amenazas y dicen que ellos son los amenazados

El juez sí ha apreciado "la existencia de dichos indicios de criminalidad" y lo argumenta en la declaración de los padres de la niña, que califica de "coherentes, verosímiles y concordantes entre sí y con su escrito de denuncia, en la que narran como desde febrero de 2026 han venido recibiendo distintas amenazas de muerte por parte de los investigados".

En cuanto a estos, las han negado categóricamente, pero no se han opuesto a la medida cautelar de la orden de alejamiento porque han manifestado que "al parecer ellos son los amenazados".

Situación de riesgo para los padres

No obstante, para el juzgado, los padres de la pequeña "se encuentran en una situación de riesgo" porque "es público y notorio las rencillas existentes entre las familias, motivadas por la muerte de la hija menor de los denunciantes, cuya autoría se atribuye a la familia de los denunciados".

Además, resalta que, dado que ya ha pasado un año desde el fallecimiento de la niña, esto ha provocado que "la situación de tensión haya aumentado exponencialmente".

La orden de alejamiento

Por eso, finalmente, el juzgado ha dictado la prohibición de los dos familiares denunciados, un hombre y una mujer, de aproximarse a los padres de la pequeña, a su domicilio, aunque no estén dentro, a su lugar de trabajo, y cualquier otro donde pudieran encontrarse, "a una distancia igual o inferior a 200 metros, así como comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento, oral o escrito, por sí o a través de terceros, durante la tramitación del presente procedimiento y en tanto no recaiga resolución final firme del mismo".

El juzgado ha ordenado notificar esta medida cautelar a los denunciados, con la advertencia de que, en caso de incumplir las medidas acordadas, podrían incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar, "sin perjuicio de adoptar otras medidas cautelares que impliquen una mayor limitación de su libertad personal, como pudiera ser la prisión provisional".

Incendios de viviendas tras el tiroteo

En relación con las tensiones en las familias, cabe señalar que ya en abril del año pasado, poco después de producirse el tiroteo, la madrugada del 30 de marzo, se produjeron varios incendios en viviendas de las familias encarceladas por su presunta participación en la muerte de la niña, y un intento de allanamiento.

Fotogalería | Así ha quedado la vivienda de la familia de San Lázaro de Plasencia

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Los bomberos tuvieron que acudir en varias ocasiones y, en algún caso, las llamas provocaron importantes daños en las casas, mientras que, en otras, solo afectaron a fachadas.

Las defensas piden la libertad

Por lo que respecta al caso en sí del tiroteo, la muerte de la niña y las lesiones provocadas a una joven por heridas de bala, las defensas de los seis encarcelados han solicitado al juez la libertad de sus defendidos con amplios escritos.

Por parte de la defensa de los padres de la pequeña, el abogado Fernando Cumbres ha presentado ya un escrito de oposición a esa libertad y ha denunciado públicamente los "intentos de coartar la libertad de mis representados para que desistan del procedimiento" a través de las amenazas de muerte.

Por otro lado, ya se ha recibido el informe de geolocalización de los participantes que, para SM Abogados Penalistas, abogados de uno de los encarcelados, "nada nuevo aporta al procedimiento. Absolutamente nada".

Lo que ocurrió el 30 de marzo de 2025

Según los documentos recabados por el juzgado hasta ahora, pasada la medianoche del 30 de marzo de 2025, un grupo de vecinos de Gabriel y Galán, de la familia de los Hilarios, acudió a San Lázaro en un Audi para hablar de una pelea ocurrida días antes entre miembros de las dos familias.

Esto desencadenó, presuntamente, que los Loletes comenzaran a disparar, lo que llevó a los Hilarios a huir rápidamente del lugar en el coche, que terminó con 19 impactos de bala.

Por su parte, la niña, con su madre, la joven después herida y otros vecinos, se escondieron en el interior de una vivienda que tenía una puerta con una parte acristalada, por la que se colaron hasta tres balas. Dos le dieron a la pequeña, una en la cabeza y otra en una mano, y una tercera hirió a la joven, de entonces 25 años, en un pie.

Once detenidos y seis en prisión provisional

Como consecuencia de estos hechos, fueron detenidas once personas, seis de San Lázaro, cuatro de Gabriel y Galán y una de Cáceres. Los seis primeros están en prisión como presuntos autores de cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa; un delito consumado de homicidio con dolo eventual o bien un delito de homicidio imprudente; un delito de lesiones; un delito de riña tumultuaria y un delito de tenencia ilícita de armas para cinco de los investigados.

El resto está en libertad provisional, con obligación de acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria.

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