Revés judicial a Plasencia en la reclamación de 1,6 millones a Joca por la residencia inacabada

El Ayuntamiento de Plasencia ha sufrido un revés judicial en el conflicto con Joca por las obras frustradas de la residencia de mayores en los antiguos pabellones militares. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado la reclamación municipal por el dinero de fondos europeos perdido y ha confirmado el fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres.

La resolución rechaza, por ahora, la reclamación de 1.600.523,29 euros que el consistorio exigía a la constructora y obliga a devolverle la garantía de 300.000 euros que había decidido incautar. El TSJEx avala que existían causas para resolver el contrato, pero discrepa de las consecuencias económicas planteadas por el ayuntamiento.

No obstante, la sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo. El gobierno local ha señalado que la próxima semana estudiará la sentencia y valorará la presentación del recurso.

El tribunal mantiene la resolución del contrato

Entre las decisiones tomadas por la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal extremeño, destaca la confirmación de que el ayuntamiento podía resolver el contrato de las obras, una decisión que había sido adoptada por la administración local después de constatar la paralización de los trabajos.

En este sentido, la sentencia apunta que la fecha prevista para finalizar la actuación era el 6 de septiembre de 2023 y que, cuando el consistorio aprobó la resolución posteriormente recurrida, las obras seguían sin avanzar. Entre los incumplimientos invocados por el ayuntamiento figuraban los retrasos acumulados durante la ejecución y las incidencias detectadas en materia de subcontratación.

Lo que no comparte el TSJEx es que de esa resolución contractual puedan derivarse las consecuencias económicas reclamadas por el consistorio. En concreto, el tribunal rechaza que Joca deba abonar los 1.600.523,29 euros solicitados por el ayuntamiento como compensación por los perjuicios que atribuía a la paralización del proyecto.

La financiación europea, en el centro de la reclamación

La cantidad reclamada por Plasencia estaba vinculada a la financiación europea que el ayuntamiento consideraba perdida al quedar inacabada la transformación de los antiguos pabellones militares en la residencia de mayores.

Según el planteamiento municipal, esos 1,6 millones correspondían al 80% del montante de obra pendiente de ejecución, una parte que debía financiarse con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y de la estrategia DUSI Plasencia crece contigo.

El tribunal, sin embargo, entiende que no procede imponer a la empresa esa indemnización en los términos planteados por la administración local. La Sala analiza las circunstancias que rodearon la ejecución del contrato y concluye que no se está ante un incumplimiento "flagrante e injustificado" que permita aplicar las consecuencias económicas más gravosas previstas en la legislación contractual.

El impacto de la subida de costes

Buena parte de la argumentación de la sentencia se centra en el contexto económico que afectó a la obra pública en esos años. El fallo menciona el fuerte incremento de los costes de construcción tras la pandemia del covid, el encarecimiento de la energía y de las materias primas y, posteriormente, el impacto de la guerra de Ucrania.

La resolución subraya que tanto el Gobierno central como la Junta de Extremadura aprobaron medidas extraordinarias para afrontar la alteración de precios en los contratos públicos de obra y, sin embargo, Joca solicitó en varias ocasiones una revisión extraordinaria de precios durante la ejecución del proyecto, que no fueron atendidas.

Ante esto, la sala considera acreditado que la empresa trató de hacer frente a una situación económica excepcional y entiende que ese contexto debía tenerse en cuenta al valorar su actuación. Ese razonamiento es el que lleva al tribunal a rechazar la reclamación económica del ayuntamiento, aunque mantenga la existencia de causas para resolver el contrato.

Devolver la garantía, pero sin indemnizar a Joca

La sentencia también ordena devolver a Joca la garantía que el ayuntamiento había acordado incautar. Esa garantía ascendía a unos 300.000 euros, repartidos en avales por importes de 265.040 euros y 38.626,79 euros.

No obstante, el fallo tampoco da la razón a la empresa en todas sus pretensiones. El TSJEx rechaza que Joca tenga derecho a percibir una indemnización por los gastos o intereses derivados de la constitución y mantenimiento de esa garantía durante el tiempo en que estuvo vigente.

Otro de los efectos de la resolución es la condena en costas al ayuntamiento de Plasencia. La sentencia fue dictada el pasado 12 de mayo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Un proyecto pendiente desde 2018

La obra de conversión de los antiguos pabellones militares en residencia de mayores comenzó en diciembre de 2018. El plazo inicial de ejecución era de un año y medio, por lo que el nuevo centro debería haber estado terminado en 2020.

El proyecto, sin embargo, quedó lejos de completarse. Según ha señalado el ayuntamiento, solo llegó a ejecutarse alrededor del 20% de la actuación, lo que llevó al gobierno local a iniciar la vía para resolver el contrato con la adjudicataria.

El recurso ante el Tribunal Supremo

El primer expediente, abierto en septiembre de 2023, caducó después de que así lo dictaminara la Comisión Jurídica de Extremadura. Posteriormente, la junta de gobierno local declaró esa caducidad y acordó iniciar un nuevo procedimiento, en el que el consistorio incluyó la reclamación económica ahora rechazada por el TSJEx, la incautación de la garantía definitiva y la comunicación del acuerdo a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa por si procedía tramitar una prohibición de contratar.

La sentencia deja el conflicto en una nueva fase. El ayuntamiento conserva avalada judicialmente la resolución del contrato, pero ve frenada su pretensión de recuperar los 1,6 millones reclamados y deberá devolver la garantía a la constructora, salvo que un eventual recurso de casación ante el Supremo altere el criterio fijado ahora por el tribunal extremeño.

Suscríbete para seguir leyendo