La dificultad de acceder a una vivienda social en Plasencia: casi 70 personas se quedan en lista de espera

Acceder legalmente a una vivienda social en Plasencia no es fácil y lo demuestran los sucesivos procesos de adjudicación de este tipo de pisos, que lleva años realizando la Junta de Extremadura. En el actual, que comenzó en enero de 2025, un total de 69 personas se han quedado en lista de espera.

En la fase inicial de recepción de solicitudes, el ayuntamiento señaló que se habían presentado 162, cerca de 11 familias por cada vivienda por adjudicar, un total de 15. Finalmente, han sido 84 los demandantes que han llegado a la fase final del proceso.

Listas definitivas de adjudicatarios

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la pasada semana las lisas definitivas de adjudicatarios y sus puntuaciones, así como aquellos que han quedado en lista de espera.

La primera persona tiene una puntuación de 102, mientras que la primera que se ha quedado inicialmente fuera, la número 16, ha obtenido 74 puntos.

A pesar de ser listas definitivas, esto no significa que no puedan cambiar porque la publicación de la Consejería de Vivienda de la Junta señala que "contra las listas expuestas en el presente anuncio, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura".

¿Qué pasa en el sorteo público?

Además, cuando se realice el sorteo público de viviendas, si alguna de las quince familias adjudicatarias renunciara, podría conseguir un piso el primero en la lista de espera y así sucesivamente, en el caso de que la Junta habilitara nuevas viviendas sociales.

Sin embargo, las listas no son eternas, como quedó demostrado en el anterior proceso y de lo que se quejaron numerosas familias porque los procedimientos son largos, suelen durar al menos dos años entre que comienza el plazo de solicitudes y los adjudicatarios reciben las llaves.

A esto se suma el hecho de que tengan que esperar si las obras de acondicionamiento no han terminado, como pasó en el anterior proceso. En esta ocasión, la Junta ha afirmado que los trámites y los trabajos irían a la par.

La lista caduca a los seis meses

Los que se quedan fuera tienen todavía la esperanza de entrar. Sin embargo, la normativa que regula estos procesos es clara y señala que "la lista de reserva tendrá un período de vigencia de seis meses a partir de la aprobación definitiva de la misma y surtirá efectos en orden a la adjudicación de las viviendas en caso de renuncia o pérdida de la condición de adjudicatario por los inicialmente seleccionados".

No obstante, hay excepciones, también reflejadas en la ley: "Excepcionalmente y a petición motivada del Ayuntamiento, aun después de haber transcurrido el plazo de vigencia máxima de la lista de espera, las viviendas vacantes de una promoción podrán adjudicarse entre los peticionarios que figuren en la citada lista, procediéndose a la actualización de los datos, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 18 meses desde su aprobación definitiva, a la vista de los cuales se elaborará la lista de espera corregida. Aquellas viviendas que quedaren vacantes tras el proceso de selección, así como aquellas otras de las que componen el patrimonio público ya edificado que se desalojen por renuncia o resoluciones administrativas de desahucio, podrán ser adjudicadas, una vez agotada la vigencia de la lista de espera, por la Dirección de Vivienda utilizando cualquiera de los procedimientos".

Ocupaciones ilegales

Sin embargo, lo habitual es que la lista se mueva poco y acabe caducando y todo después de una larga espera. Es la motivación que esgrimen algunas familias para acabar entrando en las viviendas ilegalmente.

"Estamos totalmente desamparados. Nos han dejado en la calle. Nos van a acabar obligando a meternos de okupas", señalaron algunas familias en octubre de 2024, al conocer que la lista de espera del anterior proceso había caducado. 

No obstante, la Junta también ha detectado situaciones de ilegalidad, antes y después de los procesos, que han obligado a tapiar viviendas incluso después de acondicionadas para evitar precisamente ocupaciones o daños.