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Auto judicial

Habrá juicio por amenazas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia: "Queremos sangre"

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y orden de alejamiento para dos familiares de encarcelados por el caso

La defensa de los padres ha pedido además una indemnización de 10.000 euros y considera que también han cometido un delito de obstrucción a la justicia

Juicio por amenazas continuas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia.

Juicio por amenazas continuas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia. / Toni Gudiel

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

En paralelo a la instrucción que se sigue por el tiroteo que tuvo lugar en el barrio de San Lázaro de Plasencia en marzo de 2025, en el que falleció una niña, el juzgado ha dictado la apertura de juicio por otro caso relacionado, el de amenazas continuadas hacia los padres de la pequeña, que presuntamente habrían cometido dos familiares de algunos de los encarcelados como supuestos autores del tiroteo.

Ha sido el magistrado-juez del tribunal de Instancia de la sección Civil y de Instrucción Plaza número 3 de Plasencia quien ha dictado el auto, a petición tanto de la Fiscalía, como de la acusación particular, que defiende a los padres de la niña.

Libertad provisional

El juez ha acordado la apertura de juicio oral y también la libertad provisional sin fianza de los acusados, con la obligación de comparecer en el órgano judicial competente "cuantas veces fuere llamado". También deben comprometerse a informar al juzgado de los cambios de domicilio que hagan durante el proceso, si los hacen.

Por otro lado, ha pedido a los acusados que aportan de forma conjunta y solidaria una fianza de 10.000 euros para hacer frente a las responsabilidades económicas que pudieran derivarse del caso y, si se negaran, se les embargarían bienes por esa cantidad. La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Plasencia será el órgano competente para el juicio.

Las amenazas

Según relata el escrito de la Fiscalía, en febrero de este año, los acusados acudieron al domicilio de los padres de la niña y, "con ánimo de menoscabar su paz y tranquilidad, les dijeron: "Queremos sangre". Además, al día siguiente, "con el mismo ánimo y a través de un tercero, les dijeron "queremos la muerte, si tienes cojones ven a nuestra casa a resolver tus problemas, ya te hemos matado una hija, si quieres te matamos a ti también".

Por estos hechos, en mayo, el juzgado dictó una orden de alejamiento y comunicación de los acusados respecto a los padres de la niña de 200 metros.

El temor de los padres

La acusación particular apunta que los acusados conocían que los padres de la menor se habían personado en la causa contra sus familiares, por lo que "decidieron intimidar a los perjudicados con el propósito de quebrantar su voluntad, conseguir que abandonaran, atenuaran o modificaran su actuación como acusación particular y evitar que continuaran impulsando el procedimiento penal".

Por eso, "ante la presencia de los perjudicados y de otras personas del entorno vecinal, manifestaron que no se marcharían de Plasencia, que querían venganza y que habían acudido a reclamar sangre".

Vídeo | Llegan a los Juzgados de Plasencia los padres de la niña fallecida en el tiroteo

Toni Gudiel

Señala también que, como consecuencia de las amenazas, los padres "experimentaron un grave estado de temor, ansiedad y desasosiego. Ambos limitaron sustancialmente sus salidas del domicilio, evitaron acudir con su hijo menor a parques y lugares públicos y adoptaron medidas de autoprotección ante el convencimiento de que las amenazas podían llegar a materializarse". También ha indicado que ambos progenitores están en tratamiento psicológico y/farmacológico por todo lo ocurrido.

Las peticiones de Fiscalía y acusación

Con todo, la Fiscalía ha solicitado, por un delito continuado de amenazas, la pena de prisión de 2 años para los acusados, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y también la prohibición de aproximarse a los padres de la niña a menos de 200 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre, así como la de comunicarse con ellos por cualquier medio, durante un periodo de 3 años.

Por su parte, la acusación particular, que defiende a los padres de la pequeña, considera que los acusados han cometido dos delitos, uno de obstrucción a la justicia y otro de amenazas graves no condicionales.

Por el primero, pide una pena de tres años y seis meses de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante este tiempo; una multa de diez euros al día durante 20 meses y el pago de las costas procesales.

También señala que, si se suspende la pena de prisión, se les prohíba acercarse y comunicarse con la pareja y el hijo menor de ambos durante un periodo no inferior a 5 años.

Alejamiento y 10.000 euros

Por el delito de amenazas graves, solicita dos años de prisión para los acusados e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo; la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la pareja y su hijo menor; la prohibición de aproximarse a sus domicilios, lugares de trabajo, centros escolares del hijo menor y cualesquiera otros lugares habitualmente frecuentados por ellos; la prohibición de comunicarse con los anteriores por cualquier medio escrito, verbal, telefónico, informático, telemático, a través de redes sociales o por medio de terceras personas.

Todo durante un periodo de 5 años, además del pago de las costas procesales. A su vez, en concepto de responsabilidad civil, pide el pago de 6.000 euros al padre por "el daño moral, la intensificación de la sintomatología ansiosa, la alteración de su vida cotidiana y el temor causado por las amenazas" y 4.000 euros a la madre "por el daño moral, el miedo por su propia integridad y la de su hijo menor y la restricción de su vida personal y familiar".

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