Protestas ciudadanas
Plasencia dice 'no' a la planta de biometano: casi 2000 firmas contra su implantación
El periodo de alegaciones se cierra este lunes 3 de agosto, y ha contado con la movilización de numerosas entidades y vecinos de la ciudad

Plasencia dice 'no' a la planta de biometano: casi 2000 firmas contra su implantación / Toni Gudiel
La oposición a la planta de biometano, proyectada en Plasencia desde hace más de un mes, encara este lunes, 3 de agosto, el último día del periodo de alegaciones. Lo ha hecho contando con un fuerte respaldo ciudadano, y la plataforma placentina ‘No a la Planta de Biometano’, que esta mañana se ha instalado en la Plaza Mayor de Plasencia para la recogida de firmas, espera superar las 2.000 firmas, después de que el pasado viernes contabilizara alrededor de 1.400 presentadas físicamente y otras muchas registradas por certificado electrónico.
A este movimiento se ha sumado la Asociación Vecinal La Unión de San Miguel, que ha registrado cerca de 500 alegaciones, tanto individuales como colectivas, tras movilizar a vecinos y establecimientos del barrio. Mientras, MSU-Norte, junto a otras organizaciones, ha presentado diez alegaciones ante la Junta de Extremadura en las que cuestiona la compatibilidad urbanística, el impacto ambiental, las posibles afecciones a la salud, el empleo, la vivienda y el entorno de Plasencia.
Una movilización que llega al último día
Mar, una de las responsables de la plataforma en Plasencia, ha contado que la organización se creó hace aproximadamente un mes en Plasencia y que este lunes finaliza el plazo para presentar las alegaciones. Según ha explicado, el objetivo es trasladar a la Junta de Extremadura el rechazo al proyecto y dejar constancia del respaldo ciudadano.
Según alega la responsable, se trata de un plan que abarca 18 proyectos de esta índole, cuya instalación equivale a "una extensión aproximada de seis campos de fútbol" llenos de digestato, un material residuoso que se genera en dichas plantas, similar al gas natural y que se exportaría prácticamente el 100% a Europa.
En el barrio de San Miguel, la respuesta también ha sido significativa. Isabel Moreno y Marisa Prieto, integrantes de la directiva de la Asociación Vecinal La Unión de San Miguel, han explicado que comenzaron a recoger firmas y alegaciones después de acudir a las reuniones informativas sobre la planta. Primero instalaron una mesa en una de las plazas del barrio, donde reunieron un centenar de alegaciones en una jornada.
Posteriormente, la asociación pidió colaboración a distintos establecimientos de la zona y, según han relatado, estos participaron “encantados”. Con el apoyo del Ayuntamiento de San Gil para el registro, la asociación ha terminado presentando “casi 500 alegaciones”, entre individuales y colectivas.
Malos olores, tráfico pesado y afecciones al entorno
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la plataforma ciudadana tiene que ver con las dimensiones de la instalación y con el impacto que, a su juicio, podría tener sobre el territorio. Mar ha señalado que la planta estaría vinculada al tratamiento de residuos y que supondría la llegada de grandes cantidades de material, con el consiguiente tránsito de camiones.
Según ha explicado, se trataría de unas 400 toneladas de residuos diarios junto a malos olores y el tráfico pesado que, a su juicio, podrían terminar afectando a la habitabilidad de la zona.
Ha advertido además de posibles consecuencias sobre otros sectores económicos, como la generación de puestos de trabajo: “La creación de empleos es prácticamente nula, no llegaríamos ni a una veintena de empleos”, ha señalado. Frente a ello, ha apuntado al posible perjuicio para el sector primario, el comercio, la industria y el turismo, al considerar que una contaminación olfativa continuada y el tráfico de vehículos pesados podrían restar atractivo a Plasencia.
Por su parte, la plataforma MSU-Norte también ha puesto el foco en el posible impacto sobre el empleo turístico, hostelero y comercial. La organización calcula, a partir de una estimación calificada de "prudente y conservadora", que podrían perderse alrededor de 500 empleos en la ciudad: 247 vinculados al turismo y la hostelería y otros 255 al comercio.
“¿Quién va a querer tomar unas cañas?"
En ese sentido, MSU-Norte plantea directamente el posible efecto de la instalación sobre la actividad económica de la ciudad: “¿Quién va a querer tomar unas cañas en una terraza del centro histórico o en los barrios, venir alojarse a un hotel o apartamento turístico, o salir de comprar al comercio con una contaminación olfativa constante, con un tráfico pesado incesante o con un temor a riesgos de seguridad?”, recoge la organización.
El documento presentado por esta entidad ciudadana también sostiene que la planta podría tener repercusiones sobre el valor de las viviendas. La organización, basándose en estudios y referencias de Francia y Alemania que cita en su escrito, estima una depreciación media del 17% y calcula que, para el conjunto del parque residencial de Plasencia, supondría unos 402 millones de euros y una pérdida media de 18.360 euros por vivienda.
De igual forma, Mar ha situado las posibles consecuencias ambientales en el centro del rechazo ciudadano. Ha tratado riesgos relacionados con los olores, la calidad de vida y las aguas y, del mismo modo, ha advertido de que una mala gestión del proceso podría generar problemas para la población y el entorno. “Lo más peligroso” sería, a su juicio, la posible contaminación de los acuíferos.
MSU-Norte pide el archivo definitivo
A las cuestiones ambientales y económicas se suma el argumento urbanístico. MSU-Norte señala que cinco informes de los técnicos del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia concluyen que el uso previsto en la parcela 26 del polígono 43 es un uso prohibido por el vigente Plan General Municipal, y que, por tanto, resulta no autorizable para su ejecución.

Recogida de firmas de MSU Norte / Cedida
La organización también denuncia falta de transparencia por parte de la Junta de Extremadura al no haber recibido, según afirma, nueve documentos que había solicitado antes de presentar sus alegaciones. Entre ellos menciona documentación del proyecto, informes sectoriales y documentación relacionada con la comunicación entre la Junta y el Ayuntamiento de Plasencia.
El proceso, tal y como ha señalado Mar, aún será "largo y sin respuestas a corto plazo". Una vez finalizado este lunes el periodo de alegaciones, la documentación deberá llegar a la Junta, que tendrá que valorar las aportaciones y decidir si modifica, deniega o permite que el proyecto continúe. “Nuestra intención es decirle a la Junta que no, que nos tenga en cuenta”, ha declarado.
La responsable de la plataforma ha dejado además abierta la posibilidad de continuar la movilización si el proyecto sigue adelante. Según ha explicado, la recogida de firmas pretende servir también como respaldo ciudadano ante una eventual impugnación: “Si el proyecto sigue hacia adelante (...) ya tenemos una recogida de firmas que avalen para poder impugnar o para poder llevar a los tribunales el no de la población”.
Por su parte, MSU-Norte, ALTUP, EMDEMO, la Sociedad Extremeña de Zoología y la Asociación de Vecinos Intramuros han reclamado en su décima alegación que se estimen las alegaciones presentadas y se proceda al “ARCHIVO DEFINITIVO” del expediente de la planta de producción de biometano promovida por Norbiogás Biometano IV en Plasencia.
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