Almaraz: la arteria que oxigena Extremadura, en peligro

En el norte de Extremadura, en el corazón de una comarca que ha luchado contra el olvido y la despoblación, se encuentra la central nuclear de Almaraz. No es solo una infraestructura energética. Es, sobre todo, el principal motor económico y social del Campo Arañuelo, una garantía de empleo, un pilar fiscal para nuestros ayuntamientos y un símbolo de progreso en una tierra que no puede permitirse retroceder.

Desde la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al Futuro, nacida con el respaldo de alcaldes de todos los signos políticos y miles de vecinos, hemos pedido formalmente al Parlamento Europeo que analice si el cierre previsto de la central vulnera principios fundamentales de la normativa comunitaria en materia de transición energética, cohesión territorial y seguridad de suministro. Lo hemos hecho con argumentos sólidos, lejos de posiciones ideológicas o maximalistas. Porque lo que está en juego no es una planta industrial, sino el futuro de una región.

Almaraz genera más del 7% de la electricidad de España. Es capaz de abastecer a cuatro millones de hogares, evita la emisión de más de seis millones de toneladas de CO₂ cada año y, según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), se sitúa entre las centrales más seguras y eficientes del mundo. Su último reconocimiento internacional, en 2025, mejora incluso la puntuación obtenida en 2021 y se encuentra en condiciones para operar de forma óptima hasta el año 2063.

En paralelo, su peso en la economía regional es incuestionable. Más de 1.000 empleos directos, casi 4.000 contando los indirectos, 150 empresas de servicios y 278 suministradores dependen hoy de su actividad. Su aportación fiscal supera los 82 millones de euros anuales para la Junta de Extremadura. Cerrar la central sin una alternativa real y viable significaría amputar el desarrollo de nuestra comarca, dejar sin base económica a nuestros pueblos y acelerar esa despoblación que tanto nos cuesta revertir.

La consultora Metyis ha estimado que su cierre provocaría una pérdida anual de 207 millones de euros en valor añadido bruto para el PIB regional y más de 15.300 empleos a nivel nacional. En términos fiscales, implicaría renunciar a 435 millones de euros anuales en impuestos y tasas. ¿Puede permitirse esto un país que quiere cohesionar su territorio y reducir las desigualdades?

Pero los efectos no se limitarían a lo económico. También afectarían al medio ambiente y a la seguridad energética. Según un estudio de PwC, sin energía nuclear, España tendría que recurrir a centrales de gas para cubrir la demanda, lo que supondría un incremento de las emisiones de 21 millones de toneladas de CO₂ al año, el equivalente al 80% de todas las emisiones actuales del sector eléctrico. Además, se estima que la factura eléctrica aumentaría un 23% para hogares y pymes y un 35% para la industria.

En este contexto, ¿queremos sustituir una fuente libre de emisiones y constante por una energía más contaminante, más cara y dependiente de terceros países como Rusia o Argelia? ¿Queremos comprometer la competitividad de nuestras industrias, que ya alertan del riesgo que supone para sus inversiones el cierre del parque nuclear?

Porque la opinión elegida por España contrasta con la de más de 20 países que se comprometieron en la COP28 a triplicar su capacidad nuclear de aquí a 2050. Mientras se adaptan las infraestructuras para dar cabida al auge renovable, socios europeos como Francia, Finlandia y Suecia apuestan por las nucleares e incluso Alemania se está replanteando su decisión de cerrar. Bélgica ya ha logrado que la Comisión Europea le autorice a extender la vida útil de sus reactores. España, en cambio, mantiene un calendario de cierre progresivo —de 2027 a 2035— que prescinde de casi el 20% de su electricidad total, sin haber construido aún la capacidad de respaldo necesaria ni contar con suficiente almacenamiento para las renovables.

Y todo ello, mientras nuestras nucleares soportan la fiscalidad más alta de Europa. Por eso, es necesario también que en lo que respecta a los impuestos, empresas y gobiernos, central y autonómicos, lleguen a acuerdos que resulten beneficiosos para todos y, por supuesto, para los ciudadanos. Hay impuestos en España, como el de la producción del combustible gastado y las ecotasas, que no existen en otros países y afectan al coste de la energía haciendo inviable su producción en determinados momentos. 

Por eso solicitamos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las empresas propietarias, que ya han realizado la petición solicitada, que busquen un punto de equilibrio que permita la continuidad de Almaraz, inicialmente hasta 2030 para realizar un análisis más sosegado y realista.

Pedimos también sensatez, pragmatismo y visión de futuro. No queremos privilegios. Pedimos una transición justa, equilibrada, que no sacrifique territorios enteros ni ponga en riesgo el suministro eléctrico de toda una nación. El cierre de Almaraz no puede seguir adelante sin un análisis técnico riguroso, sin alternativas reales, sin contar con los territorios afectados. Es urgente revisar ese calendario. Europa ya lo ha entendido. Esperamos que también lo entienda España.

Porque Extremadura no puede ser una tierra de sacrificio. Porque Almaraz no es el pasado: es una parte esencial del presente que necesitamos para construir un futuro mejor. Por eso, lejos de detener el progreso, lo que pedimos es facilitarlo y que ese progreso no se olvide de nosotros.

*Fernando Sánchez es presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’