Un portavoz de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explicó ayer que el organismo ha pedido a la Comisión Federal de Comercio estadounidense información acerca de lo que sucederá con los datos personales almacenados en la web de descargas Megaupload. Unos 2,5 millones de usuarios españoles tenían cuenta en el portal.

El interés de la AEPD quizá haya llegado tarde, porque las dos empresas cuyos servidores contienen archivos de Megaupload podrían empezar a borrar esta semana los datos de unos 50 millones de usuarios del sitio, clausurado en una investigación del Gobierno de EEUU sobre lavado de dinero y violación de la propiedad intelectual.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia (que ya obtuvo la detención en Nueva Zelanda del fundador de Megaupload, Kim Schmitz) ha informado a los abogados defensores de que ya ha completado el registro de los servidores de Carpathia Hosting y Cogent Communications. Según la carta de la fiscalía, fechada el 27 de enero, las autoridades piensan que las dos compañías empezarán a borrar el contenido de sus servidores a partir del 2 de febrero, una vez concluido el registro judicial.

Las firmas arriendan sus servicios a muchos clientes, entre ellos Megaupload. Los investigadores judiciales ya han copiado los datos de los servidores elegidos, pero no los han retirado de las instalaciones, según se lee en la carta, firmada por el fiscal federal Neil MacBride.

Si los defensores de los acusados "quieren obtener acceso independiente a los servidores, o desean coordinar el acceso de terceras partes a los datos alojados en los servidores, el asunto debe resolverse directamente con Cogent o Carpathia", puntualiza la misiva. El abogado de Megaupload, Ira Rothken, explicó que el Gobierno de Estados Unidos les ha congelado las cuentas para pagar otros servidores y que intentan que los datos no sean borrados.

CENSURA EN TWITTER Por otra parte, el Gobierno de Tailandia celebró ayer la censura que Twitter aplicará en los contenidos que vulneren las leyes de los países. Tailandia es el primer país que colaborará con Twitter para bloquear los mensajes que infrinjan la legislación.