Google no se olvida de ti

¿Cómo enterrar tu propio pasado cuando cualquiera puede resucitarlo con un simple clic? Esa pregunta se hacen aquellos ciudadanos que desearían olvidar para siempre un error pretérito o una infausta experiencia y que se topan una y otra vez con la buena memoria de internet. Teclean su propio nombre y comprueban que aquello que erradicarían para siempre de su vida es de dominio público, disponible en la pantalla de cualquier internauta por obra y gracia de los buscadores de la Red.

Con una cuota de mercado en torno al 95% en España, Google es el principal objetivo de las más de 200 demandas por oposición y cancelación de información personal que ha recibido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Reclamaciones como las de un ciudadano al que se le implicó en un caso de corrupción de menores. Un rastreo en este motor de búsqueda sigue asociándole con esta actividad delictiva pese a que el proceso ya quedó sobreseído hace años. Un funcionario de prisiones que se niega a que el BOE publique una sanción disciplinaria o una víctima de violencia machista que quiere evitar que se conozca la identidad de sus hijos son otros ejemplos.

Situaciones que llevan a estos ciudadanos a buscar el amparo de la AEPD, cuyas resoluciones son recurridas sistemáticamente por el gigante de internet ante la Audiencia Nacional. En este trasiego legal, la pelota está en el tejado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que debe pronunciarse, previsiblemente, a fin de año sobre la demanda de un español que reclama a Google que deje de vincular su nombre a una noticia sobre un embargo que le perjudica. La postura del abogado general para el caso, Niilo Jäaskinen, exime al buscador de la responsabilidad en el tratamiento de contenidos personales de las webs que ofrece en sus listados. Aunque no es vinculante, es habitual que el fallo del tribunal sea acorde con dicho dictamen.

El letrado da la razón al gigante de la red, que justifica su negativa para evitar que se le acuse de practicar censura, con la consiguiente "pérdida de credibilidad", a no ser que se trate de aspectos relacionados con la comisión de un delito. La AEPD asegura que para ofrecer sus búsquedas Google recopila información personal, lo que en la práctica constituye "un tratamiento de contenidos que deberían estar avalados por la directiva europea de protección de datos".

El ámbito geográfico

Para justificar que no cumpla el ordenamiento jurídico comunitario. Google alega que sigue la legalidad de EEUU porque es allí donde tiene establecida su sede central. Un aspecto fundamental, según Rodolfo Tesone, presidente de la asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENATIC). "El desamparo no es solo del ciudadano por verse obligado a hacer valer sus derechos en un tribunal de EEUU. También lo es para las empresas europeas, agraviadas al deber cumplir una normativa de la que queda exenta la multinacional extranjera", añade.

En el 2014 se prevé que verá la luz el reglamento comunitario que regule la materia. Tiene el reto de tratar de conciliar dos derechos fundamentales: el de la información y el de la intimidad. Tesone apunta una posible solución. "Además de ser veraz, la información debe estar actualizada. Si una web habla de un juicio de hace 15 años debería incluir un anexo o un enlace aclaratorio sobre si el acusado fue absuelto o si ya cumplió la condena", afirma.