El proyecto de ley sobre seguridad privada elaborada por el Gobierno del PP y que fue aprobado el martes en el Congreso permitirá que, en caso de considerarlo necesario, la autoridad competente --el ministerio o una consejeria de Interior--puedan reclutar a agentes de seguridad privada para que refuercen en determinados dispositivos a la Policía Nacional, la Guardia Civil o las policías autonómicas. Así, la futura norma señala que "cuando así se decida por la autoridad y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado competentes" los servicios de vigilancia podrán "participar en las prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".
Cuando actúen bajo el mando de las fuerzas de seguridad, los vigilantes privados pasarán a "tener la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad", con lo que un insulto o una agresión pasaría a ser atentado a la autoridad.
Aunque el texto prohíbe a la seguridad privada "intervenir en reuniones y manifestaciones", ese veto es solo mientras "estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios". Al no aclarar si esa prohibición persiste en el caso en que recurran a ellos la fuerza pública, este proyecto de ley abre la puerta a que los vigilantes privados sí puedan ser usados en manifestaciones.
CEDER DATOS A EMPRESAS El proyecto permite que las fuerzas de seguridad del Estado compartan información con las empresas de seguridad privada. "Podrán facilitar al personal de seguridad privada informaciones que faciliten su evaluación de riesgos". Y llega a permitir que se les cedan datos personales "en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales".
Con todos estos cambios, el proyecto de ley pone sobre la mesa una transformación radical del papel de la seguridad privada, a la que pasa a dotar de muchos más poderes y facultades sin reclamarle en cambio requisitos adicionales a nivel de formación. Así, a los agentes de seguridad privada se les permite detener, algo que ahora les estaba vetado, a ciudadanos en la vía pública y no solo en la instalación que ellos custodian. Eso es posible por un redactado muy ambiguo, que entre los supuestos en que se autorice que los vigilantes detengan a una persona en la calle, señalan el vago concepto de "la realización de actividades directamente relacionadas con sus funciones".
CAMBIO DE VALORACION La filosofía del proyecto de ley queda claro en la exposición del motivos, en que se eleva la consideración de la seguridad privada. Así, se la considera "integrante de la seguridad pública" y se la califica de "verdadero actor de las políticas" de seguridad. El redactado señala que se "pasa de poner el acento en el principio de subordinación" de la seguridad privada a la seguridad pública "al de complementariedad".
El proyecto de ley ha sido criticado por las entidades de defensa de los derechos humanos y los sindicatos policiales. "Es muy preocupante que se abra la puerta a que la policía pueda recurrir a vigilantes de seguridad en caso de necesidad", comenta el abogado Andrés García Berrio, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. También alerta de que "es inconstitucional" que "los vigilantes de seguridad puedan detener". "Un arresto es la privación a una persona de un derecho fundamental y eso solo puede hacerlo un agente de la autoridad pública y no el trabajador de una empresa privada sin mecanismos de control".
Un portavoz de la Agrupación Unificada de Guardias Civiles alertó de que este proyecto de ley "es el primer paso visible de privatización de la seguridad pública". "El Gobierno quiere suplir con seguridad privada el déficit que hay de policías y guardias civiles. Cada año se jubilan 4.000 y solo salen 500 plazas".
