La ley italiana sobre custodia de los hijos es del 2006, pero tanto el Ministerio de Justicia como varios tribunales la consideran imperfecta. Aquel año se introdujo la «custodia compartida», que comporta el ejercicio de una responsabilidad conjunta, lo que incluye las decisiones más importantes como la escuela o la sanidad del menor. En el 2014 un cambio del Código Penal fijó que «el hijo tiene derecho a una relación equilibrada y continuada con cada padre» y que los jueces deben evaluar «prioritariamente la posibilidad de que los hijos menores sean confiados a ambos».

Hasta la nueva ley, el 80,7% de las custodias se confiaban a la madre. A partir del año siguiente la custodia compartida ya fue asumida por el 72,1% de las sentencias, que en el 2015 (último año analizado) alcanzó el 89% de los casos.

La ley y el código han generado problemas, como la residencia del menor y, por ello, quién y en qué medida paga la pensión. En la mayoría de sentencias los jueces deciden desde entonces dónde vivirán los hijos y el ritmo y modalidades para asegurar la presencia del otro progenitor. La pareja puede acordar que la pensión la pague el padre o la madre con el que no residen los hijos, de otro modo «prevalece el derecho del progenitor» que los tiene en su casa.

Analizando los datos del 2015, el instituto nacional de estadística (ISTAT) observa que los jueces no han usado los aspectos discrecionales de la ley, lo que ha producido que, mientras se esperaba una disminución de la custodia en casa de la madre, en realidad ha pasado del 57,4% (2005) al 60% (2015). Por el contrario, el pago de la pensión sigue estable a cargo del padre (94%).

Tribunales de Bari y Salerno han emitido sentencias (2017) que van más allá de la ley. «Imponen» custodias compartidas que suponen una «implicación diaria» de ambos padres en el crecimiento y la educación. Estos tribunales consideran y pidan al legislador que la «residencia» de los hijos tenga solo efectos para el Registro Civil, no para la custodia». ROSSEND DOMÈNECH