El acuerdo alcanzado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con las compañías eléctricas para fijar la fecha de cierre del parque nuclear entre los años 2025 y 2035 ha cogido por sorpresa tanto a las principales organizaciones ecologistas. Consideran que acuerdo está hecho a medida de los intereses de las compañías y exigirán al Ejecutivo que no retrase el apagón nuclear definitivo, que el PSOE había fijado en el 2028 en su programa electoral, sino que lo adelante.

La ministra se reunió el pasado 28 de enero con los primeros ejecutivos de las tres propietarias de la centrales (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y desde entonces éstas han filtrado a la prensa económica el contenido de un acuerdo que incluye también un borrador de calendario de finalización de las operaciones para cada uno de los siete reactores que aún funcionan en España.

El cierre comenzaría con Almaraz I (2027) y Almaraz II (2028) y continuaría en el 2029 con Ascó I, a la que seguiría Ascó II en el 2030. Cofrentes y Trillo, por su parte, lo harían respectivamente en el 2033 y el 2035. Vandellós II cerraría en el 2034.

La ministra confirmó el martes la existencia del acuerdo una horas antes de que la organización ecologista Greenpeace y la Fundación Renovables reunieran ayer a un buen número de expertos y operadores en una jornada titulada Un horizonte sin nucleares. Ambas organizaciones hicieron público al finalizar un comunicado en el que reclaman que el debate se abra al resto de la sociedad. «El debate necesario es sobre como acelerar, no retrasar el inevitable cierre nuclear. El Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos», declaró Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. «No hay que elegir entre el peligro de una catástrofe nuclear o una climática, se pueden evitar los dos», añadió la responsable de la campaña nuclear, Raquel Montón.

LAS RENOVABLES, PREPARADAS / Los intervinientes del sector de las renovables, por su parte, aseguraron durante la jornada que éstas «están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual».

Ecologistas en Acción, por su parte, pone el acento en la seguridad. «No hay detrás del acuerdo ningún informe sobre la seguridad de seguir operando más allá de los 40 años, sino que todo se basa en el periodo que las eléctricas necesitan seguir operando para recuperar rentabilizar sus activos», según Javier Andaluz, el responsable de Energía. Ecologistas sostiene que las centrales deben cerrar cuando expiren sus actuales permisos de operación, lo que significaría tener clausurado el parque en 2024.

El mismo calendario que propuso en el Congreso hace unos meses Unidos Podemos. Su portavoz parlamentario en la materia, Josep Vendrell, ve un lado positivo en el acuerdo, que «por vez primera fija un horizonte de cierre ordenado», pero considera exagerada «una prórroga de casi 10 años».

«No puede ser que se pacte solo con las eléctricas cuando nosotros tenemos el compromiso del presidente Sánchez de negociar el contenido del Plan de Energía y Clima antes de su aprobación», reprochó el diputado.

Escalonado y ordenado / Fuentes de Transición Ecológica sostienen, sin embargo, que el cierre será «escalonado y ordenado» con el objetivo de «garantizar el suministro y la seguridad», que estará sujeta, además, al cumplimiento de los requisitos que en su día establezca el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Estos requisitos podrían hacer bailar algunas de la fechas de cierre pero sin mucho margen. Y es que con el acuerdo se ha puesto fin a las interminables discrepancias entre Iberdrola y Endesa, ésta última partidaria de unas prórrogas mínimas de 10 años y la primera firme defensora del cierre aanticpado.

El acuerdo tendrá su traducción en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2020-2030), un documento que establece el mix energético para la próxima década. Su aprobación está prevista para el Consejo de Ministros del próximo día 22 para remitirlo posteriormente a Comisión Europea.

No debe pasar por el Congreso, por lo que no resultaría afectado por el probable avance electoral. Una vez Bruselas emita el dictamen sobre su contenido, el Ejecutivo español, sea cual sea, tendrá hasta finales de año para aprobar la versión definitiva.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, participó este martes en la inauguración en Madrid del XVI Encuentro de Energía, organizado por IESE.