La expareja de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras difundirse un vídeo suyo de contenido sexual fue detenido ayer, según adeló la cadena SER. El hombre era el principal sospechoso y se entregó ayer en un cuartel de Mejorada del Campo (Madrid). El presunto autor de la difusión del vídeo con imágenes íntimas, compañero de trabajo de la víctima, prestaba ayer declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según informaron a Efe fuentes policiales.
El hombre, que tuvo una relación previa con la suicida y que supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes, se personó a las cuatro de la tarde de ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside, pero fue puesto a disposición de la Policía, que investiga el caso.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto una investigación por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el caso relativo al suicidio de la trabajadora de Iveco, después de que sus compañeros compartieran un vídeo con imágenes íntimas sexuales de ella.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la jueza ha acordado incoar diligencias previas una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento. La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver será la misma que ahora investigue el caso. La difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no hace una semana, como se había apuntado inicialmente. La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid).
Otras fuentes próximas al caso ya señalaban a un compañero con el que la víctima tuvo una relación en el pasado como responsable del inicio de la difusión de ese vídeo.
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Fuentes cercanas al caso informaron a Efe de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde «dentro de la propia empresa».
